La Fiscalía asegura que el Ejército tiene una prueba clave de las torturas en Irak

M. Balín | Madrid

Doce años después de las supuestas torturas cometidos por soldados españoles contra un grupo de prisioneros iraquíes en una celda de ‘Base España’, en Diwaniya (Irak), siguen coleando datos que ponen en duda el archivo de la investigación de la justicia militar decretado en septiembre de 2015. Ello pese a haberse reconocido en sede judicial las agresiones de cinco uniformados a dos reclusos, que quedaron grabadas en un vídeo que hizo publico ‘El País’ en 2013.

Un informe presentado ayer por Amnistía Internacional (AI) critica la «sucesión de irregularidades» que derivaron en el sobreseimiento provisional de la causa. Un cierre apoyado por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, y por la Fiscalía Militar tras una reunión mantenida en febrero pasado con los responsables españoles de la organización internacional en defensa de los derechos humanos. En esa cita, la fiscal general tomó en consideración las preocupaciones de AI y pasados unos días la Fiscalía Militar remitió un detallado informe en el que avalaba la investigación de las supuestas torturas.