El Congreso comunica al Constitucional que va a denunciar al Gobierno

Vista general del Congreso de los Diputados. JUAN CARLOS HIDALGO
A. torices | Madrid
Ya no hay marcha atrás. El Congreso puso ayer en conocimimiento del Tribunal Constitucional que en menos de un mes denunciará al Gobierno ante la corte por considerar que, con su expresa y reiterada negativa a someterse al control de la Cámara baja y a dar cuenta de su gestión ante el órgano que representa a la soberanía nacional, viola las competencias que la ley y la Carta Magna atribuyen al Parlamento, así como la división de poderes.
La presentación del recurso, que ya elaboran los servicios jurídicos del Congreso, será un hito que se estudiará en todos los manuales de derecho político españoles. Se trata, según todos los grupos parlamentarios salvo el PP, del conflicto institucional más grave vivido desde el comienzo de la democracia, una situación inédita en la que las dos terceras partes del hemiciclo —PSOE, Podemos, Ciudadanos, Esquerra, Convergència, PNV y el Grupo Mixto— respaldaron, el pasado 6 de abril, que Mariano Rajoy y sus ministros se habían declarado «en rebeldía» al «despreciar» las citaciones de la Cámara baja para fiscalizar su labor.
La Mesa de la Diputación Permanente, la cúpula del Congreso mientras las Cortes estén disueltas hasta el próximo 19 de julio, notificó ayer al Constitucional el preaviso de conflicto de atribuciones nada más constatar que el Gobierno, según el escrito que le remitió el viernes pasado, ignorará también el ultimátum que hace un mes le dio el pleno, que, en cumplimiento de la ley, le ofreció la posibilidad de rectificar antes de judicializar el conflicto.
El documento, enviado en el límite del plazo dado por el Congreso, se limitó a reiterar los dos principales argumentos del Gobierno para negarse al control. Esto es, que la Cámara no puede controlarlo porque no tiene su confianza sino la del Parlamento anterior y que tiene vedada la iniciativa política por estar en funciones y, por tanto, solo es responsable de sus actos administrativos ante los jueces.