El PP ningunea la causa judicial de la ‘caja B’ por dar apoyo a Bárcenas
El juez da diez días al partido para que deposite 1,2 millones de euros por la fianza civil.
Mateo Balín | Madrid
La orden del juzgado que investiga el caso Gürtel para que el Partido Popular haga frente a la fianza civil por la pieza de la caja B cayó ayer como una losa en el seno del partido. Apenas unas horas después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional dio diez días a la formación conservadora para depositar 1,2 millones para hacer frente a su posible responsabilidad civil por estos hechos, el PP emitió un comunicado en el que puso en duda toda la instrucción judicial del caso, construido sobre la base de la credibilidad del ‘multiimputado’ ex tesorero Luis Bárcenas y sus apuntes contables.
Pocas veces el partido presidido por Mariano Rajoy ha reaccionado con tanto ímpetu a una resolución judicial. Y menos cuando ésta es sobrevenida, porque la cuantía impuesta por el juez José de la Mata ya era conocida hace un año, cuando abrió juicio oral por la caja B.
Lo que molesta
Sin embargo, el trascendental momento político, con unas elecciones generales a un mes vista, hace que cualquier escrito judicial sobre corrupción que salpique al PP haga tambalear su estrategia electoral. Y los daños colaterales en forma de fuga de votos son de sobra conocidos en la sede de Génova 13 de Madrid, de ahí que sus responsables hayan respondido con un exceso de crítica contra los que consideran causantes de su situación procesal. El requerimiento del juzgado conmina al PP a depositar los más de 1,2 millones de fianza civil para hacer frente a una posible condena o, de lo contrario, procederá al embargo de sus bienes por esa cantidad. Una situación improbable porque la dirigente popular Andrea Levy aseguró ayer que «desde luego» que se depositará esa cuantía «como una garantía cautelar».
El total de la cantidad obedece al montante defraudado a Hacienda por la empresa que reformó la sede nacional (Unifica no declaró 1,02 millones por el Impuesto de Sociedades de 2007) y los donativos presuntamente irregulares que recibió el partido y no tributó (220.167 euros en 2008). Aunque los presuntos responsables civiles directos de estos delitos fueron Unifica y los extesoreros Luis Bárcenas, Alvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez, respectivamente, el juez consideró que el PP era responsable civil indirecto (no es una imputación penal).