Dudan de que los convenios de Urdangarín sean legales

m. sáiz-pardo | madrid

Fueron solo los primeros de los seis peritos de los 50 que analizaran ante el tribunal del caso Nóos las adjudicaciones públicas y a dedo a Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres. Pero esos seis primeros expertos comenzaron a poner la puntilla definitiva al cuñado del rey cuando falta menos de un mes para que acabe el juicio en el que se enfrenta a una petición fiscal de casi 20 años de cárcel. Salvo algún matiz, todos los peritos, entre los que se contaban responsables de la Administración del Estado, pusieron en duda la legalidad de los convenios por los que el Gobierno balear, de una parte, y el Gobierno valenciano y el ayuntamiento de la capital del Turia, de otra, entregaron a Urdangarín y Torres cerca de seis millones de euros para organizar cinco cumbre deportivo-empresariales, los Baleares Forum y los Valencia Summits.

Uno de estos expertos, interrogado de forma conjunta junto al resto de los especialistas, fue el más rotundo: es «chocante» y «extrañísimo» que las administraciones públicas usaran la fórmula de un convenio, con un «canon» de un millón de euros al Instituto Nóos. «Nos sorprendió muchísimo el empleo del término canon, en el derecho administrativo pocas veces se ve. Yo llamaría una ‘propineta’, eso que te den dinero por no hacer absolutamente nada, solamente por estar ahí…», apostilló el especialista.

Todos los expertos coincidieron que la fórmula correcta para adjudicar al instituto Nóos tendría que haber sido un contrato público, con concurso, de «servicios o de consultoría» en competencia con otras empresas o sociedades, pero nunca un convenio de colaboración.

La presidenta del tribunal, Samantha Romero, anunció las previsiones de calendario de la recta final del juicio. De acuerdo con esas estimaciones, la infanta Cristina tendrá que volver a sentarse en el banquillo de los acusados el viernes 10 o el martes 14 de junio.