La Asamblea venezolana investigará los pagos que hizo Chávez a CEPS
a. torices | madrid
Venezuela vuelve a eclipsar la campaña electoral de Podemos. El anuncio de la Asamblea Nacional del país caribeño de que investigará si el Gobierno bolivariano financió con 7,2 millones de euros la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) ha dado nueva munición a los adversarios de la formación morada.
CEPS, a la que estuvieron vinculados antes del nacimiento de Podemos Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero, realizó labores de asesoría al Ejecutivo de Caracas. La Asamblea venezolana, controlada por la oposición a Nicolás Maduro, considera que los más de siete millones de euros que se abonaron por esos trabajos «es una cifra sumamente elevada para tratarse solamente de asesorías y apoyo técnico». «Debemos investigar en profundidad el verdadero destino de ese dinero, especialmente en un momento en el que Venezuela atraviesa por una crisis humanitaria sin precedentes», justificó el diputado opositor Freddy Guevara.
Ante la justicia
La decisión de la Asamblea venezolana se convirtió en tema de campaña electoral. La vicepresidenta del Gobierno instó ayer a Podemos a ponerse a disposición de la justicia para esclarecer cualquier sospecha. «Todos los partidos tienen que colaborar al máximo en las investigaciones que se produzcan en relación a su propia financiación y a los casos de corrupción que les afecten», afirmó Soraya Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros. Por su parte, Albert Rivera, el líder político que más ha censurado a la formación morada por sus vínculos con el ejecutivo bolivariano, exigió a los dirigentes de Podemos que atiendan a la petición de la Asamblea del país caribeño para dar explicaciones acerca de los fondos que percibió CEPS.
Los consejos se encajaron mal en Podemos, que no esconde su malestar cada vez que se saca a colación el tema venezolano. La formación morada recordó que no tiene ninguna relación con CEPS y también insistió en que todo aquel que tenga pruebas de una posible financiación irregular acuda a los tribunales.