Cosidó no descarta que la policía grabara al ministro
Interior teme que la judicialización del caso abra otra «guerra intestina en el cuerpo».
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó. JUAN CARLOS HIDALGO
m. sáiz-pardo | madrid
El director general de la Policía no pone, ni mucho menos, la mano sobre el fuego por sus policías en el asunto de las grabaciones subrepticias al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al ya exdirector de la Agencia Antifraude catalana Daniel de Alfonso. Ignacio Cosidó no se atrevió ayer a descartar de manera tajante que sus policías estén detrás de aquellos ‘pinchazos’ que se registraron en el despacho de Fernández en octubre de 2014 y que se hicieron públicos en vísperas de las pasadas elecciones generales.
«La Policía Judicial cuando investiga un caso apunta cualquier hipótesis, cualquier posibilidad» por «muy improbable» que ésta parezca a priori, fue la lacónica respuesta del máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía cuando fue interpelado directamente por la posibilidad de que fueran agentes de la institución los que grabaron las reuniones entre Fernández y De Alfonso, en la que ambos conspiraban para buscar pruebas contra políticos soberanistas.
Cosidó, en una de las pocas apariciones públicas tras estallar el escándalo de las grabaciones, se limitó a reclamar «paciencia» porque, recordó, el cuerpo mantiene abierta una investigación interna para conocer en qué circunstancias se hicieron las grabaciones y, sobre todo, quién está detrás de estas escuchas y de su distribución. «Hay una investigación abierta por parte de la comisaría de la Policía Judicial, que está trabajando con intensidad, pero que de momento no hay ningún informe que pueda acreditar el origen de esa grabación», apuntó sin querer en ningún momento defender expresamente la honestidad de sus mandos, máxime después de que un extracto de las grabaciones al ministro, hecho público por Diario.es , apunte a la posibilidad de que el micro que registró al menos la segunda de las conversaciones estuviera instalado en el despacho de Fernández y no lo portara consigo (consciente o inconscientemente) de Alfonso, como se intuye en otras partes de las grabaciones.
Esa investigación interna a la que hizo referencia Cosidó está siendo muy cuestionada en el seno de la propia policía por lo «inusual» de la misma, según denuncian altos mandos del cuerpo. Veinte días después de la filtración, las pesquisas siguen sin judicializarse. Ni el ministro ni De Alfonso han denunciado penalmente los hechos por un delito contra la intimidad. Tampoco la Fiscalía, que desde el pasado 30 de junio tiene en su poder las cintas ha decidido si promueve una investigación por revelación de secretos.
Algunos de los máximos responsables de Interior y del Cuerpo Nacional de Policía no ocultan su temor a que la judicialización de esta investigación abra, una vez más, la caja de los truenos en la institución, como ha ocurrido con el caso del Pequeño Nicolás por la insistencia del juez que lleva el sumario, Arturo Zamarriego, de llegar hasta el final, imputando incluso al caudillo de uno de los dos frentes abiertos en la policía, el controvertido comisario de Asuntos Especiales, José Villarejo.
Si a un juez con el perfil de Zamarriego, que no ha dudado encargar la investigación sobre el falso agente del CNI a la parte más crítica con la actual cúpula del CNP, le cae el caso escuchas podría «alentar» otra «guerra intestina y pública en el cuerpo», admiten desde Interior.