CDC pudo financiarse con contratos de basura amañados
Son concursos de 110 millones del Ayuntamiento de Lloret de Mar.
Los vehículos de la Guardia Civil a la puerta del Ayuntamiento de Lloret de Mar. ROBIN TOWNSEND
m. sáiz-pardo | madrid
De nuevo la supuesta financiación irregular de Convèrgencia en el punto de mira de la Guardia Civil. Agentes de los Servicios de Información UCE-3 del instituto armado desataron ayer la operación Trueno con la detención de dos altos responsables del ayuntamiento de Lloret de Mar, en Gerona, y del empresario Gustavo Buesa, exsocio de Jordi Pujol Ferrusola. Los tres están acusados de haber participado en el amaño de concursos de gestión de residuos valorados en cerca de 110 millones de euros a favor de Buesa, quien, a cambio, dio comisiones con las que financiar de forma irregular a la formación política.
Los responsables municipales, que luego fueron puestos en libertad aunque con cargos, son el interventor del ayuntamiento, Carlos Arbó Blanch, y el secretario del consistorio, Rafael García Jiménez. Ambos, según los investigadores, fueron los que dieron luz verde a los amaños para favorecer a Buesa, conocido como el ‘rei de les escombraries’ (‘rey de las basuras’), quien, según la Guardia Civil, ganó dos millonarias licitaciones, sin tener capacidad para ello.
De acuerdo con las investigaciones, el dinero que habría terminado en la ‘caja B’ de Convergència y de Uniò Democratica habría salido de la empresa GBI Serveis, propiedad de Buesa. La partida más importante habría sido como contraprestación a la concesión en 2008 de un contrato municipal para un centro de tratamiento de residuos en Lloret por 29,3 millones de euros. La empresa del exsocio de Pujol ganó la licitación a pesar de no tener ninguna experiencia y a pesar de que a ese concurso también optó Sufi, una de las compañías más fuertes del sector y que, además, hizo una oferta más ventajosa.
En 2011, GBI volvió a hacerse con otro concurso de recogida de basuras en Lloret por diez años, cuando en realidad el máximo legal era de cuatro. Ese fue el gran pelotazo del ‘rey de las basuras’, puesto que era un contrato por importe de ocho millones de euros anuales durante diez años. O sea, un total de 80 millones. Y eso sin contar con que GBI, según la Guardia Civil, se apropió de bienes del consistorio, como vehículos, que terminó vendiendo.
A cambio de estas adjudicaciones ‘ad hoc’, GBI, aportó 550.000 euros entre 2007 y 2010 a tres fundaciones vinculadas a Convèrgencia Democrática de Catalunya (CDC) y a Uniò Democrática.
El Juzgado de Instrucción 2 de Blanes (Gerona), que instruye esta operación Trueno, ordenó el registro de cuatro inmuebles, entre ellos la sede de GBI Serveis en Lloret, el ayuntamiento de la localidad y el domicilio particular del ‘rey de las basuras’. Anticorrupción acusa a los tres detenidos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, fraude o exención ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias.