El Gobierno se refiere a nuevos comicios si fracasa la investidura

r. gorriarán | madrid

Nada hay que invite el optimismo, pero La Moncloa se reafirma en la viabilidad de su calendario para que Mariano Rajoy sea investido el 5 de agosto. «Es razonable y cumplible», afirmó la vicepresidenta a la vez que alertaba al PSOE y Ciudadanos de los riesgos que conlleva que no faciliten la reelección del presidente del Gobierno. El precio de obstinarse, sentenció, serían unas terceras elecciones dentro de cinco meses y medio.

La Moncloa se sumó a la presión política que ya ejerce el PP sobre Pedro Sánchez y Albert Rivera para que revisen sus posiciones, y el primero se abstenga y el segundo vote a favor de un nuevo mandato de Rajoy. Soraya Sáenz de Santamaría siempre ha rehuido bajar al debate partidario en sus comparecencias semanales tras el Consejo de Ministros, pero el presidente del Gobierno ha decidido que es la hora de poner toda la carne en el asador para asegurarse la investidura, y ha añadido la presión institucional a la que ejerce el PP por los cauces políticos ordinarios.

«Unas elecciones -avisó la número dos del Gobierno- no las quiere nadie, y una investidura fallida es el paso más claro hacia unas terceras elecciones, que son absolutamente indeseables y perniciosas». Los partidos, prosiguió, deben «interpretar en términos estrictos» la voluntad de los ciudadanos en las urnas, que no es otra, según dijo, que el PP debe gobernar porque es el único que ha mejorado sus resultados.

Exhibido el palo, Sáenz de Santamaría sacó la zanahoria y anunció una próxima legislativa «muy colaborativa» porque el Parlamento está más fraccionado que nunca y toda iniciativa legislativa tendrá que ser dialogada y pactada. Admitió que el documento base de las negociaciones es el programa electoral del PP, pero está «abierto» a las transacciones. Insistió en que las reformas legislativas aprobadas en el Congreso con el único apoyo de la mayoría absoluta del PP también se podrán abordar, pero con la vista puesta en el futuro, no para desmontar lo ya realizado. «Hay que preservar los efectos de esas reformas», un criterio que a buen seguro no compartirán los socialistas, que pretenden revisar de arriba abajo normas como la reforma electoral, la Lomce o la ‘ley mordaza’.

Si en La Moncloa reina el optimismo, en el PP, también. Fuentes de la dirección del partido creen que Rajoy se va a presentar al debate de investidura del 2 de agosto con los apoyos amarrados, y si no los tiene también se va a presentar. En la Presidencia del Gobierno, agregaron estas fuentes, ya se trabaja con los discursos de Rajoy para la ocasión.

Frente a la locuacidad popular, en el PSOE reina el silencio. Desde las palabras de Pedro Sánchez tras reunirse con el líder del PP el miércoles ni el secretario general del partido ni dirigentes de su cuerda han abierto la boca. Dejan así que crezca la incertidumbre sobre cuál será la postura final, una decisión que nadie se atreve a pronosticar cuál va a ser. «La tomará Sánchez en el momento oportuno», dicen en el partido.

Una de las pocas que habló ayer fue la presidenta de la Junta de Andalucía para pedir «respeto» hacia el secretario general porque «ahora le toca todo».