Los independentistas ponen en marcha la desconexión de España
El Tribunal Constitucional podrá ahora iniciar un proceso sancionador por desobediencia.
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, durante la sesión de ayer. ALEJANDRO GARCÍA
a. a. / r. c. | madrid
Las fuerzas independentistas catalanas dieron ayer el primer gran paso en su agenda para desconectar Cataluña de España. Y lo hicieron pese a las advertencias lanzadas desde el Tribunal Constitucional de que esta acción podría acarrearles importantes consecuencias legales.
Los 72 votos de Junts pel Sí -la coalición que integran Convergència y Esquerra- y la CUP sacaron adelante en el Parlament las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. Éstas establecen que la cámara catalana, que cuenta con una mayoría absoluta soberanista, tiene la potestad de iniciar unilateralmente el proceso de ruptura. Según el texto salido de la comisión y aprobado ayer, la independencia se alcanzará en distintas fases. En una primera se someterán a participación ciudadana los contenidos de una futura constitución catalana. A continuación, se aprobarán las leyes que deben sustituir a las estatales y se constituirá una asamblea constituyente. El último trámite será la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía ratifique la nueva carta magna.
El paso dado ayer por los partidos secesionistas supone un desafío directo al Tribunal Constitucional. La Corte de Garantías emitió una resolución el pasado 19 de julio en la que advertía a los poderes implicados del Parlament de que algunas de las conclusiones de la comisión eran inviables por su coincidencia con la declaración rupturista del pasado noviembre que ya se declaró nula apenas tres semanas después de su aprobación. Pese a este apercibimiento, las fuerzas independentistas han decidido seguir adelante con su órdago aún a sabiendas de las consecuencias que les puede acarrear. Tras la reforma exprés del Tribunal Constitucional aprobada en solitario por el PP el pasado octubre, la Corte de Garantías tiene potestad para aplicar una serie de medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento de sus sentencias.
El Gobierno ya avanzó este miércoles por boca de la vicepresidenta que en el Consejo de Ministros de mañana autorizará a la Abogacía del Estado a presentar ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia, lo que supondrá el inicio de los trámites sancionadores. A partir de ahí el Tribunal Constitucional deberá decidir sobre quién o quiénes pone el foco sancionador. A priori, quien más papeletas presenta para cargar con la posible responsabilidad por un acto de desobediencia es la presidenta del Parlament, la independentista Carme Forcadell.
La votación de las conclusiones no estaba incluida en el orden del día pero Junts pel Sí y la CUP solicitaron que fuera aceptada una modificación, algo posible cuando la petición proviene de dos grupos, como en este caso. Ahí se inició una gran bronca que se extendió durante el resto de la sesión. Forcadell preguntó por dos veces a los diputados si eran conscientes de la advertencia del Constitucional. La respuesta de los portavoces de Junts pel Sí y la CUP no dejó lugar a dudas. El convergente Jordi Turull apeló al mandato democrático surgido de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre. Por su parte, la anticapitalista Anna Gabriel afirmó que el objetivo de la independencia se sitúa por encima del miedo a las represalias.
Enfrente de los soberanistas se posicionaron los portavoces del resto de los grupos con representación en la cámara. Por parte de Ciudadanos Inés Arrimadas denunció «un auténtico golpe a la democracia» mientras que el popular Xavier García-Albiol avisó de que la votación de ayer «no va a salir gratis» a quienes la han impulsado. Forcadell puso fin al debate y tras destacar que el Parlament es «soberano», admitió que la Mesa de la cámara votase sobre la admisión a trámite de las conclusiones. La mayoría independentista en el órgano de gobierno de la cámara hizo el resto.
Cuestión de confianza
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se someterá a una cuestión de confianza el 28 de septiembre. Puigdemont decidió dar este paso después de que la CUP se negase a apoyar sus presupuestos, aunque aún no le había puesto fecha. El acercamiento entre las fuerzas secesionistas tras la votación de ayer allana el camino para que el presidente supere esta prueba.