María Seguí violó el régimen de incompatibilidad
El informe de Interior verifica las adjudicaciones a dedo a su marido.
La ex directora general de Tráfico, María Seguí. J. J. GUILLÉN
m. sáiz-pardo | madrid
La exdirectora de la Dirección General de Tráfico (DGT) María Seguí violó las «reglas de incompatibilidades de altos cargos» al favorecer a su novio (hoy marido), Francisco López Valdés, con tres estudios ‘a dedo’ sobre cuestiones de seguridad vial en 2012 y 2013 que costaron a las arcas públicas 49.950 euros.
Esta es la principal conclusión de la información reservada que ordenó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras conocerse que, durante el mandato de Seguí, la DGT subvencionó al Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza, al que estaba adscrito López Valdés, para elaborar diversos estudios en el área de tráfico, movilidad y seguridad.
Expediente sancionador
El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz informó ayer que tras descubrir esta «incompatibilidad», Interior ha propuesto remitir esta información reservada a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, unidad competente para la instrucción de los expedientes sancionadores de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Según fuentes del caso, es probable que Seguí, quien dimitió el pasado 22 de julio, sea multada por no haber informado a la Administración que en el momento de las adjudicaciones a la Universidad de Zaragoza ya mantenía una relación sentimental con López Valdés.
Sin trato de favor
La investigación interna no ha detectado más irregularidades -al margen del papel de María Seguí- en esas subvenciones, según explicó el Ministerio del Interior. O sea, aunque no medió concurso público, no hubo trato de favor. «La selección, adjudicación y formalización de los tres contratos menores celebrados entre la Dirección General de Tráfico y la Universidad de Zaragoza-Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón en 2012 y 2013 se llevó a cabo conforme la práctica habitual que se venía realizando en la Dirección General de Tráfico en lo referente a la selección de los adjudicatarios que debían realizar los estudios de investigación», apunta el Ministerio del Interior en su información reservada.
De acuerdo con la versión del Ejecutivo, en esas polémicas adjudicaciones se cumplieron los «requisitos» que fija la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que «no se han apreciado indicios de responsabilidad en los empleados públicos de la Dirección General de Tráfico que intervinieron en las distintas fases del citado procedimiento de contratación».
«En cambio -detalla la inspección- sí que se aprecian indicios de responsabilidad en la ex directora general de Tráfico por posible incumplimiento de las reglas de incompatibilidades de altos cargos, previstas en la Ley 5/2006 que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, que era la norma vigente en esta materia en 2012 y 2013».