El Gobierno baraja el 26 de agosto como fecha clave para la investidura

J. M. Blanco / Colpisa | Madrid

El 26 de agosto es la última fecha para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno con garantías suficientes para que haya nuevos presupuestos el próximo año. Si ese plazo se apurara una semana más, además de que no habría la certeza de que el Gobierno tuviera tiempo para enviar el proyecto de ley presupuestario al Congreso, hay otros inconvenientes añadidos.

Rajoy aceptó el pasado jueves el encargo del rey de intentar su investidura, dijo que se daría un plazo «razonable» para las negociaciones y explicó que su objetivo es que haya Gobierno con tiempo suficiente para cumplir los compromisos con la UE y presentar en el Congreso el proyecto de ley de presupuestos de 2017. En ese sentido, recordó que el Gobierno debe presentar ese proyecto de ley en la Cámara baja como fecha límite el 30 de septiembre, ya que, de lo contrario, automáticamente se prorrogarían los actuales. Pero sería necesario disponer de en torno a un mes antes de esa fecha para aprobar el techo de gasto, enviarlo al Congreso y al Senado para su votación, y remitirlo igualmente al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de Administración Local.

Por tanto, eso sería posible con seguridad si Rajoy consiguiera los apoyos necesarios para ser investido en una sesión que comenzaría el martes 23 de agosto. El hecho de que la sesión empiece en martes es imprescindible para asegurar que, en caso de que no hubiera un candidato investido, unas hipotéticas terceras elecciones se celebraran en domingo (en este caso serían el 18 de diciembre).

Esto es así porque si un candidato a la investidura no consigue el apoyo en la primera votación y nadie lo logra en los dos meses siguientes, se convocarían automáticamente las elecciones y se celebrarían 54 días después. Es lo que ocurrió con los comicios del 26-J.

Los detalles

Si Rajoy acudiera a una sesión que comenzara el 23 de agosto, al día siguiente se celebraría una primera votación en la que es improbable que lograra la necesaria mayoría absoluta, y 48 horas después, es decir, el 26, le bastaría una mayoría simple (más votos a favor que en contra).

Por tanto, el presidente en funciones tendría una veintena de días para negociar su investidura con el resto de líderes. Más dificultades habría para presentar los presupuestos si la investidura se retrasara una semana y la votación definitiva se celebrara el 2 de septiembre (el debate comenzaría el martes 30 de agosto).

La fecha más barajada por el Gobierno para la posible votación de investidura es la del 26 de agosto.