Aprobar los presupuestos de 2017 es una urgencia para evitar represalias europeas
david valera | madrid
Cuando Mariano Rajoy enumera los motivos que urgen para formar Gobierno siempre aparecen dos razones destacadas: cumplir con Bruselas y aprobar los Presupuestos de 2017. Ambos objetivos están muy relacionados y son una prueba de fuego para mantener la credibilidad del país ante las instituciones europeas y la confianza de los mercados.
Sin embargo, el bloqueo político actual y la incertidumbre sobre si el presidente en funciones logrará sacar adelante su investidura dejan en el aire poder llevar a buen puerto esos requisitos. En caso de no hacerlo, el coste para España podría acarrear una multa de 5.000 millones de euros por parte de las autoridades comunitarias.
«Tenemos que cumplir los compromisos con nuestros socios europeos». Esta afirmación, repetida hasta la saciedad en las últimas semanas por Rajoy y otros miembros del Ejecutivo en funciones, demuestra la importancia que le conceden a este trámite. El Gobierno es consciente de que la paciencia de la Comisión Europea está muy al límite, máxime después de haber perdonado a España la sanción de hasta 2.000 millones por exceder el objetivo de déficit de 2015 y conceder, además, una prórroga de dos años para rebajar ese desequilibrio del 3%.
Una decisión «política» como ha reconocido el propio presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y que no ha sentado igual de bien en todas las capitales europeas. Sin embargo, Bruselas ya no se fía y no quiere más sorpresas. Por eso advirtió de que España deberá presentar a las autoridades comunitarias unos Presupuestos que incluyan un ajuste antes del 15 de octubre. Esa es la fecha en rojo en el calendario para el Gobierno.
El primer paso para evitar el mecanismo de sanciones de la UE es la aprobación de los Presupuestos de 2017 en tiempo y forma. Esto es, presentarlos en el Congreso antes del 1 de octubre. Los plazos ya están muy ajustados, pero fuentes del Ministerio de Hacienda creen todavía posible poder hacerlo a tiempo si la investidura se lleva a cabo el 30 de agosto o el 2 de septiembre.