El PP acepta recuperar el dinero perdonado en la amnistía fiscal
Esta última concesión a Ciudadanos es clave para la firma del acuerdo entre ambos partidos.
Bermúdez de Castro, Levy y Fernández-Maillo, integrantes del equipo negociador del PP. MARISCAL
alfonso torices | madrid
Ciudadanos logró ayer arrancar al PP una de sus principales reclamaciones para llegar a un pacto de investidura. Los populares se comprometen a tratar de recuperar el dinero que Hacienda pudo perdonar en 2012 a los beneficiarios de la amnistía fiscal y que los expertos tributarios del partido de Albert Rivera calculan en unos 2.800 millones de euros.
La cesión de última hora es clave para que la formación naranja cierre en las próximas horas una acuerdo de investidura que permitirá que el próximo 2 de septiembre Mariano Rajoy obtenga en el Congreso 170 ‘síes’ en su intento de ser reelegido presidente del Gobierno. Una votación que, pese al apoyo de Ciudadanos, el líder conservador perderá salvo que el PSOE decida cambiar de postura y acepte abstenerse.
El acuerdo de investidura que rubricarán Rajoy y Rivera señalará, según fuentes de la negociación, que el PP se compromete en caso de alcanzar el Ejecutivo a revisar los criterios que aplicó en 2012 a los 31.484 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y que permitieron que en vez de pagar un 10% por las fortunas que ocultaban en el extranjero terminasen por abonar de media sobre un 3%.
Los beneficiarios de esa amnistía, que los populares prefieren llamar «regularización», pagaron al final por los aproximadamente 40.000 millones que ocultaron durante años al fisco 1.193 millones de euros. Los técnicos tributarios de Ciudadanos consideran que los defraudadores, gracias al perdón de esos siete puntos porcentuales de gravamen sobre su fortuna, se ahorraron unos 2.800 millones. Los expertos del PP, sin embargo, consideran que si al final es posible encontrar una fórmula legal para recuperar algo de este dinero se tratará de una cantidad bastante más modesta.
La razón del desfase es que, pese a que el real decreto del Gobierno de Rajoy que ofertó la amnistía fiscal preveía el pago de un tipo del 10% del patrimonio oculto sin excepciones, la Dirección General de Tributos, mediante un mero informe sin firma, y que no fue publicado ni en el BOE, se dejó fuera de los cobros aproximadamente el 70% de las rentas afloradas. Los expertos de Ciudadanos están convencidos de que ese informe es «ilegal» y de que si se consigue anular se le podrá exigir a los beneficiarios de la amnistía el dinero que se ahorraron por su emisión.
Eso sí, los técnicos del partido de Rivera advierten de que las posibles deudas con Hacienda prescriben a los cuatro años, por lo que si este proceso de reclamación no se pone en marcha antes de noviembre, cuando se cumpliría el cuatrienio del afloramiento de fondos, las obligaciones con el fisco prescribirán definitivamente.
Si el Gobierno de Rajoy cumple con el compromiso que constará en el acuerdo tendrá que revisar los pagos a Hacienda de unas 705 personas «expuestas políticamente», es decir con relación con la política o las instituciones públicas, que se acogieron a la amnistía fiscal. Entre ellos estarán el extesorero popular Luis Bárcenas, el exvicepresidente madrileño y exdirigente del PP Francisco Granados, Micaela Domecq (esposa del exministro popular Miguel Arias Cañete), el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el exsocio de Iñaki Urdangarin y compañero de banquillo en el ‘caso Nóos’ Diego Torres, y dos de los hijos del expresidente catalán Jordi Pujol, Oleguer y Josep.