El silencio de Correa incomoda a los acusados en el macrojuicio
Dos acusaciones solicitan el testimonio de Mariano Rajoy.
Francisco Correa a su salida de la Audiencia Nacional. MARISCAL
mateo balín | madrid
El macrojuicio de la primera época del caso Correa, referido a las actividades de 1999 a 2005 llevadas cabo por el entramado societario creado por Francisco Correa para servir al Partido Popular, comenzó con sorpresas. Y también con un ligero retraso. El silencio del cabecilla de la red corrupta en la primera sesión de las cuestiones previas podría desbaratar las estrategias de los acusados, quienes pidieron nulidades masivas en el procedimiento. Correa ofreció «gestos de buena voluntad» a la sala, según fuentes de su defensa, en línea con el guiño que hizo la semana pasada para entregar 2,2 millones de euros de una cuenta en Suiza para reparar el daño ocasionado a varias administraciones públicas.
Los movimientos de Francisco Correa se pueden llegar a entender por el oscuro horizonte procesal que tiene por delante, la Fiscalía le pide 109 años de prisión y más de 60 millones entre multas y responsabilidad civil. En cualquier caso, sorprende cuanto menos que no ha sido hasta días antes de que comience la vista oral, después de cinco años y medio de larga instrucción y tres años en prisión preventiva, cuando el empresario nacido en Casablanca en 1955 ha cambiado de táctica en busca de atenuantes que mitiguen su previsible condena.
En esta primera sesión del mundo al revés, los que sí se subieron al tren de las nulidades fueron el extesorero del PP Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y el denunciante de la trama, José Luis Peñas, exconcejal de Majadahonda y la persona que llevó las grabaciones realizadas a Francisco Correa a la Fiscalía. El abogado de Peñas planteó que a su cliente no le leyeron los derechos tras su detención, mientras que la defensa de Bárcenas incidió en la imposibilidad de incorporar la información bancaria remitida por las autoridades suizas.
Dos acusaciones populares, la ejercida por la asociación de abogados Adade y la del Partido Socialista de Madrid, volvieron a reclamar al tribunal que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en la vista oral. Justificaron su solicitud en que éste era secretario general del PP en 2003 y 2004, años incluidos en las actividades de la trama corrupta que ahora se juzgan (1999-2005).