El juez cree que Badalona vulneraba la libertad ideológica si abría el 12-O
efe | barcelona
El juez que prohibió al Ayuntamiento de Badalona abrir al público el 12 de octubre pasado considera que la decisión del consistorio vulneraba el derecho constitucional a la libertad ideológica, al colocar a los trabajadores municipales en la tesitura de tener que «significarse» políticamente.
En un auto, el titular del juzgado de lo contencioso número 14 de Barcelona ratifica la medida cautelar que adoptó el pasado martes, cuando prohibió abrir las puertas del consistorio, y descarta que la Delegación del Gobierno actuara de «mala fe» al acudir al juzgado el pasado 10 de octubre, dos días antes de la fiesta de la Hispanidad.
El juez descarta así dos de los principales argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento, que en la vista celebrada el jueves invocó el derecho a la libertad ideológica consagrado en la Constitución y acusó a la Delegación del Gobierno de mala fe por impugnar, dos días antes del 12-O, un acuerdo que el consistorio había aprobado el pasado mes de mayo.
Para el juez, la Delegación del Gobierno en Cataluña «ni conocía ni podía conocer» la resolución del Ayuntamiento de Badalona, porque este incumplió la obligación que le impone la Ley de Bases de Régimen Local de rendir cuenta a las administraciones del Estado de sus acuerdos.
En su auto, el magistrado evita cualquier alusión a la decisión del Ayuntamiento de Badalona de desoír su prohibición y abrir al público -con la única presencia de concejales del equipo de gobierno-, pese a que la ley lo faculta a remitir a la Fiscalía cualquier actuación que considere puede constituir delito.
En cualquier caso, el Ayuntamiento de Badalona ya está siendo investigado por posible desobediencia por un juzgado de la población, a raíz de la denuncia que presentó la agrupación local del PP el mismo 12-O.
El juez sostiene en su auto que la festividad del 12 de octubre obedece «a razones sociales y culturales, que reflejan un interés general, social o colectivo en su celebración», por lo que «si se hubiera llevado a efecto la resolución del Ayuntamiento de Badalona, este interés se habría visto perjudicado de manera irreparable».
Para el magistrado, la suspensión del acuerdo del consistorio que dejaba en manos de cada trabajador la decisión de ir o no a su puesto «resultaba necesaria para proteger la libertad ideológica de los empleados públicos» del Ayuntamiento.