La Fiscalía se querellará contra la presidenta del Parlamento catalán
Forcadell pudo cometer dos delitos por no evitar el debate y votación de un texto anulado por el TC.
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. ANDREU DALMAU
c. reino | barcelona
La Fiscalía General del Estado ordenó ayer al fiscal jefe de Cataluña que presente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, por los delitos de prevaricación y desobediencia.
La apertura de una causa penal contra Forcadell se produce como consecuencia de haber permitido el debate y votación de las conclusiones que aprobó la comisión de estudio del proceso constituyente, que estaban anuladas por el Constitucional, y que fijaban el camino hacia la desconexión de Cataluña con el resto de España. La polémica resolución, en concreto, comprometía a las fuerzas soberanistas a ejecutar la ruptura con la legalidad del Estado español a través de la aprobación de las leyes de desconexión y no descartaba la vía unilateral para alcanzar la independencia. Según el texto aprobado, las tres leyes de la desconexión «no serán susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal». Para el Constitucional, las conclusiones «contravienen claramente los mandatos» del propio tribunal y tramitarlas supondría todo un desafío inconstitucional.
A pesar del aviso de la corte de garantías, la Cámara catalana tramitó el texto, que fue aprobado por mayoría absoluta con los votos de Junts pel Sí y la CUP. Días después, el Gobierno pidió al Constitucional que abriera la vía penal contra la expresidenta de la ANC, mediante la presentación de un incidente de ejecución. El tribunal anuló la votación, pero envió el caso Forcadell a la Fiscalía, antes de decidir si las medidas coercitivas que le otorga la modificación legal aprobada por el Gobierno en 2015 son constitucionales. A partir de esta reforma, por ejemplo, el alto tribunal puede inhabilitar a cargos públicos, aunque de momento el Constitucional ha evitado hacer uso de sus nuevas atribuciones. De ahí que derivara el caso Forcadell a la Fiscalía. Lo trasladó, eso sí, apuntando la posible existencia de responsabilidad penal. Afirmó que si el fiscal «lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes».
Cuando su caso llegó al Ministerio Público, la presidenta de la Cámara catalana aseguró que hizo lo que tenía que hacer y que volvería a permitir una votación sobre el proceso constituyente o sobre la independencia, aun sabiendo que las resoluciones estaban suspendidas por el Constitucional. Forcadell advirtió al Gobierno español y al Constitucional de que «no conseguirán frenarnos ni atemorizarnos».