El presidente del Gobierno empieza hoy a contactar con los ‘ministrables’

r. gorriarán | madrid

Mariano Rajoy empezará hoy a llamar por teléfono a los ministros con los que no cuenta y también hablará con los que seguirán en el Gobierno. Hasta ayer, al menos, ningún miembro del Ejecutivo había hablado con el presidente sobre su futuro laboral.

Rajoy ha dedicado las últimas 48 horas a revisar las posibles estructuras de su nuevo equipo ministerial y a estudiar disposiciones legales. En el PP están persuadidos de que deberá adaptar el Consejo de Ministros a la nueva situación política de gobernar con una minoría parlamentaria y forzado a pactar todos los proyectos legislativos.

De sus planes nadie sabe nada a ciencia cierta. Todo son especulaciones cuando no filtraciones interesadas. Quizá quien mejor dibujó la escena fue el secretario general de los populares en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, cuando dijo que estos días son para dejarle solo y que «don Mariano hable con el señor Rajoy, se pongan de acuerdo y tomen una decisión» sobre el futuro Gobierno.

Uno de los mayores dilemas a los que se enfrenta el jefe del Ejecutivo, y en eso coinciden todas las fuentes en el partido y en La Moncloa, es la dificultad que tiene para decidir qué hacer con sus amigos y viejos colaboradores. Una situación en la que se encuentran los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, amigo de siempre, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, con el que empezó su carrera gubernamental en Administraciones Públicas en 1996. También podrían encontrarse en ese trance Ana Pastor, a la que colocó en la Presidencia del Congreso, y José Manuel Soria, con el que no ha tenido que devanarse los sesos porque dimitió por mentir al explicar su presencia en los ‘papeles de Panamá’.

Más allá de los sentimentalismos, Rajoy tiene otra decisión difícil, en realidad tiene varias sobre la mesa de su despacho, pero la creación de una Vicepresidencia para asuntos económicos, vital para muchos en su partido, es un quebradero de cabeza por la ruptura de equilibrios que supondría en la jerarquía gubernamental.

El pacto

Mariano Rajoy se refirió en varias oportunidades durante el pasado debate de investidura al pacto del PP con Ciudadanos como uno de los ejes de su acción legislativa. No era una deferencia hacia el partido de Albert Rivera ni un brindis al sol, el presidente del Gobierno pretende que las cien medidas de ese acuerdo que el PSOE comparte sean el grueso de su primer paquete legislativo con la finalidad de atar a los socialistas con iniciativas de fácil digestión.

El pacto firmado el 28 de agosto entre los populares y el partido liberal consta de 150 puntos, de los que, según Rivera, cien ya figuraban en el documento acordado con el PSOE en febrero pasado para la investidura fallida de Pedro Sánchez. Los socialistas aceptan, a regañadientes, que hay similitudes entre ambos acuerdos, pero discrepan de aspectos, como la financiación de las medidas, aunque también reconocen que el entendimiento sobre esa base política no es imposible.

Los populares quieren agarrarse a estas coincidencias para dar visibilidad a un entendimiento a tres bandas que proporcione la estabilidad que Rajoy ansía y a la que, como advirtió en el debate, condiciona la duración de la legislatura. Un escenario en el que el PSOE no se siente cómodo, pero ante el que poco puede oponer.

La operación que maduran en La Moncloa tiene, sin embargo, un banco de pruebas previo que puede condicionar el ulterior desarrollo del acuerdo. Se trata del cumplimiento por parte del Gobierno del punto seis del pacto con Ciudadanos, que recoge el compromiso de revisar la amnistía fiscal de 2012 para que todas las cantidades de dinero regularizadas tributen al 10%, como estaba previsto para recaudar 2.500 millones de euros, y no al 3%, como al final se hizo por las distintas interpretaciones tributarias de la norma y con las que Hacienda ingresó 1.196 millones, casi 1.300 millones menos.