El TC avala la reforma para castigar a los altos cargos desobedientes
Forcadell se ha convertido en la primera presidenta de la cámara catalana investigada .
m. sáiz-pardo | madrid
Por ocho votos a tres y con una discusión intensa, el pleno del Tribunal Constitucional avaló ayer la reforma exprés aprobada en otoño 2015 por el Congreso con los únicos votos del PP para forzar a que fuera el propio tribunal el que se encargue de castigar (y con más dureza) a las instituciones o autoridades públicas que desobedezcan sus resoluciones.
Los once magistrados que ayer votaron sabían que las consecuencias de su decisión van a ser inmediatas ya que el pasado 25 de octubre Carme Forcadell se convirtió en la primera presidenta de la cámara catalana investigada en una causa judicial precisamente porque el Constitucional, gracias a esa reforma, dio luz verde a que la Fiscalía le acusara de desobediencia y prevaricación por hacer caso omiso a los avisos de la corte de garantías para que frenara el plan de desconexión con España.
La sentencia fue obra del magistrado conservador Pedro González-Trevijano, después de que la vicepresidenta del tribunal, Adela Asúa, crítica con la reforma, se echara a un lado al no contar con el respaldo de la mayoría. González-Trevijano redactó la resolución que rechaza el recurso presentado por el Gobierno vasco contra la última reforma de la Ley Orgánica que rige el propio órgano. Un fallo que hace presagiar que, casi en idénticos términos, la corte no acogerá los argumentos del Ejecutivo catalán, que también recurrió en su día contra la misma reforma.
Los recursos de los dos gobiernos autonómicos se centraban en el mismo punto, el nuevo artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ese precepto es el que modificó el Gobierno para dar un poder coercitivo claro a la corte después de que el Gobierno catalán desoyera la prohibición de la corte de celebrar la consulta del 9 de noviembre de 2014.
Ahora, el pleno del tribunal zanja que aquellas modificaciones son legales porque, básicamente, la propia Constitución fue la que diseñó a esta corte como un «verdadero órgano jurisdiccional» y que, por tanto, debe tener un poder coercitivo para hacer cumplir sus resoluciones.