La agresión de Alsasua será investigada por la AN

m. sáiz-pardo | madrid

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó ayer un auto en el que reclama al Juzgado de Instrucción 3 de Pamplona la causa en la que se investiga la agresión a dos guardias civiles y sus parejas la noche del pasado 15 de octubre en la localidad navarra de Alsasua. Como sostenía la Fiscalía, la juez entiende que los hechos podrían constituir un delito de terrorismo tasado en el artículo 573 del Código Penal y del que sería competente la Audiencia Nacional. Y no solo eso, Lamela apunta a que partidos como Bildu o Sortu «apoyan» las campañas de acoso contra las fuerzas de seguridad.

Lamela adoptó la decisión de hacerse con el caso después de recibir los atestados de la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra que identifican a doce de los participantes en la paliza. Según los informes policiales, todos ellos son miembros del ‘Movimiento Ospa’, responsable de la campaña de la izquierda abertzale ‘Alde Hemendik’ (Fuera de Aquí) contra las fuerzas de seguridad del Estado. Se trata de Jokin Unamuno Gokoetxea, Adur Ramírez de Alda y Edurne Martínez Arrese, a los que la magistrada define como «principales promotores de las movilizaciones anuales del ‘Ospa Eguna’» para exigir la salida de Navarra y el País Vasco del instituto armado. Junto a ellos habrían participado en la «agresión» y en los «insultos» Aratz Urrizola, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Iñaki Abab, Oihan Arnanz, Aitor Calleiras, Ainara Urquijo, Aritz Urdangarin y Naiara Bengoetxea.

La juez insiste en que los doce «conocían con anterioridad la condición de guardias civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que los agentes fueron insultados y golpeados». Para defender que se trata de un delito de terrorismo, Lamela enmarca la paliza en la estrategia del movimiento ‘Alde Hemendik’, al que pertenecerían los identificados.

Lamela, haciéndose eco de los informes de los servicios antiterroristas del instituto armado, apunta que esta campaña o movimiento fue promovido en su día por Gestoras Pro-Amnistía, con el apoyo de Jarrai, Haika y Segi, los grupos juveniles afines a ETA. Esta estrategia, apunta la instructora, «persiste en la actualidad a través de plataformas populares vinculadas al entorno radical».

Según la juez, los colectivos como Ospa, «realizan todo tipo de acciones de protesta, presión y hostigamiento contra los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas -en la actualidad fundamentalmente Guardia Civil y sus familias- buscando provocarles una sensación de continuo miedo e inseguridad e impidiéndoles realizar una vida en condiciones de normalidad».

El auto apunta que Ospa y colectivos afines se han valido para esas coacciones de «actitudes provocadoras, manifestaciones, concentraciones, pintadas, pancartas, carteles, vídeos y redes sociales». Y, apunta la juez, esas plataformas «actualmente cuentan con el apoyo de Bildu, Sortu y Ernai».

Como ya hiciera el Ministerio Público, entiende la juez que los hechos pueden constituir un delito de terrorismo «al encontrarnos ante la comisión de un delito grave contra la integridad física (lesiones) cometido con la finalidad de alterar la paz pública o contribuir a tal fin, atemorizando a los integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sus familias, especialmente a la Guardia Civil, a fin de que abandonen los territorios del País Vasco y de Navarra, así como evitar que el resto de ciudadanos entablen relación con aquellos provocando de esta forma su aislamiento social».

El escrito de Lamela hace además un detallado relato de los hechos en la madrugada del pasado 15 de octubre, cuando a las dos y media de la madrugada los dos agentes y sus parejas entraron en el bar Koxka estando de paisano y fuera de servicio. A las tres y cuarto, fue uno de los identificados, Unamuno, en compañía de Naiara Benogetxea, «dirigiéndose al sargento le dijo que no tenía derecho a estar allí».