La amnistía fiscal es la primera prueba del acuerdo entre PP y C’s
El reloj sigue corriendo. El Gobierno de Mariano Rajoy tiene hasta finales de noviembre para reclamar a las fortunas que se acogieron a la amnistía fiscal que paguen el 10% del dinero que repatriaron. Ese es el plazo para que prescriba el derecho de la Agencia Tributaria a revisar las declaraciones efectuadas hace cuatro años para regularizar el dinero no declarado en ejercicios anteriores. El partido de Albert Rivera confía en que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, actuará y no dejará que los defraudadores, que tras sucesivas interpretaciones de la norma pagaron el 3% de lo regularizado en vez del 10% estipulado, queden impunes. «No vamos a ponernos la venda antes de la herida», insisten desde la formación naranja, «convencidos» de que Rajoy cumplirá lo firmado, que incluía una previsión de ingresos por esa medida que ascendía a 1.000 millones de euros. «Sería impensable que no lo cumpliera».
La formación liberal quiere recuperar los 2.800 millones de euros que calculan el ministro «perdonó ilegalmente» a los grandes defraudadores en la controvertida amnistía fiscal de 2012, que el PP prefiere llamar «regularización», en la que afloraron 40.000 millones de patrimonio no registrado por el fisco español.
Sesión, un año después
El Gobierno de Mariano Rajoy se someterá esta semana al control parlamentario de la oposición después de más de un año sin hacerlo. El martes irá al Senado y un día después, al Congreso, con nuevos protagonistas y nuevos partidos en el arco parlamentario. La última vez que el presidente y sus ministros se sometieron a las preguntas de la oposición en el hemiciclo fue el 25 de octubre del año pasado, apenas dos días antes de que concluyera la X Legislatura en la que el PP disfrutó de una amplia mayoría absoluta.
Durante los diez meses en funciones, el Ejecutivo se negó al control al alegar que no tenía por qué rendir cuentas ante un Parlamento que no le había dado su confianza. Esta ausencia ha sido aún más larga en la Cámara alta, donde no se examina al Ejecutivo desde el 29 de septiembre de 2015.