Catalá revisará el nombramiento de jueces para ganar independencia

mateo balín | madrid

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presentó ayer en el Congreso las líneas generales de la agenda política de su departamento para esta legislatura. Un programa que desarrolla una batería de reformas de calado para cambiar la cara a la administración judicial. Incluye, entre otras medidas, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal o modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para ello se ha creado una subcomisión parlamentaria que negocie las propuestas y, sobre todo, que logre el consenso necesario para llevarlas a cabo. Una de las cuestiones que pivotó en la intervención de Catalá fue la puesta en marcha de propuestas para reafirmar la independencia del Poder Judicial. Detalló la necesidad de revisar el sistema de nombramientos de vocales del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, para que los togados tengan el «máximo protagonismo» en el proceso.

Un asunto, avanzó el ministro, en el que «parece que hay consenso pleno». Continuó con la revisión del sistema de elección de presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo, que vendría incardinada con la filosofía de la anterior propuesta y la introducción de criterios de transparencia y objetividad en todos los concursos y designaciones, estableciendo comisiones de expertos en su valoración. Para ello, anunció un asunto trascendente y, hasta cierto punto, simbólico por el peso que tiene el Poder Legislativo sobre el Judicial. Se refirió Catalá a la supresión de la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia. El asunto no es baladí, ya que esta sala es la responsable de tratar los procedimientos contra los aforados autonómicos.

Sin ir más lejos, en la causa por la consulta del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, el magistrado Joan Manel Abril, instructor de la causa en el fue investigado el expresidente Artur Mas, fue propuesto por designación autonómica con los votos de CiU. Circunstancia que levantó ciertas controversias, aunque al final Mas se sentará en el banquillo por presunta desobediencia y prevaricación, por lo que le piden diez años de inhabilitación.

Catalá también ofreció a los grupos parlamentarios la regulación de las denominadas ‘puertas giratorias’ entre la justicia y la política. Esto supone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y revisar la regulación actual que permite que jueces y magistrados alternen, «sin solución de continuidad», su labor jurisdiccional con el desempeño de cargos políticos.

«Es la mejor forma de blindar el concepto constitucional de independencia judicial», aseguró el ministro. Con respecto a la figura de la acusación popular en los procedimientos judiciales, busca restringir su figura prohibiendo la presencia en estas causas de los partidos políticos y sindicatos. Mientras que en materia de lucha contra la corrupción anunció la posibilidad de limitar los aforamientos relativos a los 2.000 cargos políticos (de los 10.000 existentes), un asunto legislativo de calado por cuanto afecta a la Constitución y a los propios Estatutos de Autonomía.

Del mismo modo, pidió «firmeza» a los diputados de la oposición para articular por ley la prohibición de indultos a condenados por corrupción. Una normal ‘ad hoc’ pese a que el Gobierno no ha concedido la media de gracia por estos casos en los dos últimos años, ni tampoco por violencia de género o por accidentes de tráfico, según Catalá.

Sobre uno de los temas de fondo ya conocidos, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la oposición acogió con beneplácito la reforma judicial de mayor peso de la legislatura, probablemente. Una nueva norma que entregue a los fiscales la instrucción de los procedimientos penales, como ocurre en casi toda Europa, y que supondrá la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para cambiar la estructura jerárquica y dependiente de la carrera, como ocurre en la actualidad.