El CNI pone el foco sobre sus agentes de Dakar
Los servicios secretos reconocen que llevan cuatro años investigando irregularidades.
colpisa | madrid
¿Existe corrupción entre algunos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en África? Los propios servicios secretos reconocen oficialmente no saber exactamente qué está pasando y arguyen que siguen investigando. Una sentencia de un asunto de supuesto acoso laboral en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha terminado por sacar a la luz que el CNI investiga, al menos desde 2013, presuntos desmanes económicos en la «terminal» de los servicios secretos en la capital senegalesa, Dakar. Se trata de una ‘antena’ especialmente sensible para el espionaje español en el norte de África, responsable de recabar información de primera mano de las mafias de la inmigración y, sobre todo, de los dos grupos yihadistas en el Sahel.
La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo —que firma el magistrado Rafael Sánchez Jiménez, que ha sido notificada estos días— es especialmente parca a la hora de dar detalles. La sentencia no explica a las claras qué tipo de «irregularidades que afectan a la gestión económica» de los espías en Dakar se están indagando, pero revela la existencia de un expediente. La legislación del CNI avala el secretismo extremo de las actividades de ‘La Casa’ y de la forma en que se maneja el dinero por parte de sus agentes, que solo están auditados de manera interna. Pero la demanda laboral de un exespía contra el Ministerio de la Presidencia que dirige Soraya Sáenz de Santamaría y del que depende del CNI ha hecho ‘saltar la liebre’.
El demandante había denunciado al CNI por supuesto acoso laboral y por no escuchar sus denuncias sobre «dos supuestos robos e irregularidades cometidas por sus jefes en Dakar» desde 2010. Para contrarrestar estas graves acusaciones y salvar el buen nombre del jefe de División de Seguridad de la «terminal» (al que el denunciante acusaba de prevaricación y de omisión del deber) los servicios secretos han tenido que demostrar que, lejos de desoír las advertencias del supuesto represaliado, hay en marcha pesquisas internas desde 2013, que de momento no han dado sus frutos a pesar del tiempo transcurrido desde entonces.
La investigación interna en sí se ha hecho denominar «información previa 3IP/2013» y —explica la sentencia— es «secreta y reservada». De los avances de esta investigación sobre esas supuestas irregularidades económicas solo está siendo informada la secretaria general del CNI, Beatriz Méndez de Vigo, la hermana del ministro de Educación y portavoz del Gobierno, a la que el propio denunciante llegó a enviar tres escritos en noviembre de 2013 informándole personalmente de las supuestas irregularidades. Unas cartas que fueron las que dieron lugar a que fuera castigado por «grave desconsideración con superiores» y «manifestaciones contrarias a la disciplina debida».
La resolución del TSJM recoge (y da por bueno) el testimonio de dos miembros de ‘La Casa’, a los que solo se identifica con números.