Mas reclama que Rajoy declare como testigo en el juicio por la consulta del 9-N

c. reino | barcelona

Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, procesados por su actuación en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, reclaman la comparecencia de Mariano Rajoy y su ministro de Justicia como testigos en el juicio de esa causa. La Moncloa no hizo ningún comentario, pero Rafael Catalá mostró su disposición a acudir si es citado por el tribunal.

El caso está casi listo para que los tres exmiembros del Gobierno catalán se sienten en el banquillo dado que el último trámite que quedaba, la presentación de los escritos de las defensas, se produjo ayer. Ya solo falta que el magistrado que instruye la causa fije la fecha del juicio, que podría ser en febrero de 2017.

La Fiscalía reclama diez años de inhabilitación para Mas, Ortega y Rigau por desobediencia y prevaricación. Sus abogados, en cambio, reiteraron la petición de que se archive el caso al considerar que no cometieron ningún delito. Su argumento es que no desobedecieron al Constitucional, que había suspendido la celebración de la consulta, porque no recibieron ningún requerimiento expreso por parte del alto tribunal para detener la votación.

¿Qué interés tienen los letrados en que declare Rajoy? La propuesta tiene intención política porque la imagen del presidente del Gobierno declarando en un tribunal tiene una fuerte carga simbólica. Y luego está el interés judicial. Los abogados de Mas quieren que Rajoy aclare por qué afirmó que el 9-N «no es un referéndum, ni una consulta ni tiene efecto jurídico» y por qué razón en un primer momento le restó toda la trascendencia que adquirió después. El ministro de Justicia, por su parte, aseguró en su momento que el Gobierno permitiría «celebrar el proceso de participación si este es un ejercicio ciudadano de libertad de expresión» y calificó el 9-N de «jornada de propaganda política carente de validez».

Las defensas de los acusados sostienen que el Gobierno central consintió, de manera pasiva, la votación ya que la Abogacía del Estado no instó a la ejecución de la orden de suspensión que el Constitucional dictó el 4 de noviembre de 2014. En este punto, los letrados también solicitan la comparecencia de Francesc Homs, imputado en la misma causa pero en su caso en el Supremo, por su condición de diputado en las Cortes. Homs declaró ante el juez del Supremo que un miembro del Gobierno del PP le propuso llegar a un acuerdo sobre la consulta. «Se nos ofreció que si el presidente Mas la noche del día 9 no hacía una comparecencia pública, no harían nada», dijo.

Contactos secretos

Estas revelaciones, que han trascendido dos años después, forman parte de la intrahistoria de la consulta del 9-N, en la que Pedro Arriola, asesor de Rajoy, José Enrique Serrano, hombre de confianza del entonces líder del PSOE, Pedro Sánchez, y Joan Rigol, enlace de Artur Mas, dialogaron en secreto para evitar el choque de trenes. La «pasividad» del Gobierno central y de la Fiscalía el día de la votación es una prueba, según la defensa, de que no veían en los hechos juzgados el carácter delictivo que tan «claramente ven ahora». Uno de los principales argumentos sobre los que ha sustentado Mas su defensa es que la Fiscalía de Cataluña no apreció indicios de delitos en un primer instante y que la querella se presentó por orden del fiscal general, Eduardo Torres Dulces, quien acabó dimitiendo.

Está por ver si el tribunal acepta que Rajoy y Catalá declaren como testigos. El presidente del Gobierno guardó silencio y el ministro, en principio, expresó ayer su disposición a colaborar y afirmó que «si tiene sentido», no tendrá «ningún inconveniente» en comparecer.