Chaves pide ser absuelto al no saber las supuestas anomalías en los ERE
cecilia cuerdo | sevilla
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves reclama su absolución del caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público al entender que «ni conoció ni pudo conocer» las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de ayudas sociolaborales. Chaves está acusado en la pieza que trata de esclarecer la legalidad del procedimiento específico implantado en la administración para conceder las ayudas, y se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción de 10 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada.
El expresidente andaluz es uno de los 26 ex altos cargos públicos de la Junta de Andalucía procesados en la considerada como pieza política de los ERE, y que trata de discernir si hubo algún tipo de acuerdo para implantar un procedimiento inadecuado con el que conceder las ayudas socialaborales de forma discrecional y saltándose todos los controles fiscalizadores. En total, por esta vía se repartieron durante una década unos 855 millones de euros, según el juez instructor, que considera que la partida inicial, de menor cuantía, se fue engordando con sucesivas modificaciones presupuestarias una vez se dispararon los compromisos políticos con dichas ayudas. Todos los imputados en esta causa, entre los que se encuentra además el sucesor de Chaves, José Antonio Griñán, en su calidad de consejero de Hacienda en esa época, han solicitado su absolución y niegan la mayor.
Participaron del plan
En su auto de procesamiento, el juez considera que conocieron las irregularidades relacionadas con las subvenciones, y que participaron del «plan» establecido en el año 2000 para eludir los controles de la Intervención que permitió la «falta de control sobre los fondos públicos destinados a subvenciones o ayudas». Para el instructor, Chaves impulsó la implantación de este sistema y su sucesor, José Antonio Griñán, lo «mantuvo».
El escrito de Chaves, presentado por su defensa ante la Audiencia provincial, insiste en que los hechos no son constitutivos de delito, tratando de desmontar así las tesis del fiscal anticorrupción.