Fernández valora que la despoblación se asuma como un reto de Estado
El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, se mostró ayer satisfecho del resultado de la Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado al considerar que la despoblación, también reivindicada por Castilla y León, se asumiera como un problema de Estado y un fenómeno decisivo para el futuro del país. «Hoy ya podemos decir que la cuestión demográfica, que ya era un problema de Estado, se ha asumido como un problema de Estado», destacó Fernández en una rueda de prensa al término de la cumbre autonómica.
El presidente asturiano, y también de la gestora socialista, valoró igualmente que se haya aceptado institucionalizar la Conferencia de Presidentes para que se reúna al menos una vez al año. «Es una buena noticia con independencia de las relaciones bilaterales de cada comunidad autónoma con el Gobierno de España», señaló el socialista, quien también destacó el acuerdo para comenzar a estudiar la reforma del sistema de financiación autonómica.
Presión migratoria
Por su parte, el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, pidió que se tenga en cuanta la «presión» migratoria de este territorio, fronterizo con Marruecos, así como su alta densidad de población en la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica. En una rueda de prensa celebrada al término de la Conferencia, Imbroda comentó que estos dos asuntos suponen un gasto social «muy elevado» para la ciudad autónoma, cuya población asegura que ha aumentado entre un 20% y un 25%. Además, destacó el «problema añadido de la inmigración», no sólo por la «presión» fronteriza, sino por la presencia de menores extranjeros no acompañados.
coste de los servicios
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, valoró que «por primera vez» se vaya a tener en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos en la reforma de la financiación y apostó por evitar que se produzca en España ‘dumping’ fiscal. García-Page señaló el diálogo iniciado y el acuerdo logrado para «abrir varias puertas», entre ellas, avanzar hacia un nuevo modelo de financiación en 2017. «Hemos conseguido que la valoración de la sanidad, la educación y los servicios sociales se vaya a hacer sobre el coste efectivo, lo tiene una importancia trascendental».