El Govern asegura que no ha habido presión a la justicia por el juicio del 9N

El Govern ha defendido la actuación y la estrategia de defensa de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega, acusados por el 9N, en el juicio que se inició ayer en el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña. La portavoz del Govern ha rechazado las criticas de presión al poder judicial con la manifestación convocada ayer por las entidades soberanistas.

Respecto a la estrategia de defensa, Munté ha hecho absolutamente suya la ofrecida ayer por Mas, Rigau y Ortega: "Respetamos absolutamente y compartimos su estrategia de defensa. Se empezó a trabajar en una consulta que fue suspendida, se produjo el cambio con un proceso participativo sin que hubiera advertencia clara del Constitucional de las responsabilidades en que se podía incurrir ni ninguna iniciativa del Gobierno ni de otro estamento para impedir este proceso participativo que efectivamente quedó en manos de miles de voluntarios”.

Munté ha negado que la manifestación de este lunes pretendiera presionar a los jueces. El Govern se siente, ha afirmado, "absolutamente solidario y 100% al lado de los tres acusados, rechazamos que lo vivido sea ninguna muestra de presión a los jueces, era una movilización contra la judicialización de la vida política catalana y son dos cosas distintas". Munté ha añadido que "los que consideran que se trata de presiones no entienden de qué están hechas las movilizaciones por el derecho a decidir, el 9N o la demanda de un referéndum. Movilizaciones hechas de civismo, determinación y de enorme transversalidad".

El Govern ha respondido la tesis del ministro de Justícia, Rafael Catalá, según la cual este lunes tuvo lugar "un numerito". "El ministro Catalá dice que queremos trasmitir que es un juicio político, es que lo es, la ciudadanía tiene suficiente conocimiento para tener su propia opinión", ha afirmado la portavoz.

BONO SOCIAL, POBREZA ENERGÉTICA

Por otra parte, el grupo de trabajo constituido por el Govern a finales de noviembre para aplicar el bono social en casos de pobreza energética, la portavoz ha explicado que las propuesta del grupo son, entre otras, proponer “descuentos del 25 al 100% de la factura en función de cada caso”. La propueta se hará llegar al Estado "para que modifique su bono social que beneficia a personas que no están en vulnerabilidad". El documento propone un bono social eléctrico y uno del gas, según la portavoz, "y advierte de la conveniencia de que el Estado haga lo propio con la bombona de butano". Los beneficiarios serán los que nos superen ingresos –rentas inferiores o iguales al IRSCC- acrediten que el contrato está vinculado a vivienda habitual y tengan la tarifa de pequeño consumidor. También plantea ue los descuentos sean sobre toda la factura y que un 50% de la financiación del bono debería correr a cargo de las suministradoras. Sobre la voluntariedad de estas empresas para que cumplan con este 50% de esta financiación, la 'consellera' ha respondido: "Hemos de confiar no sólo en la buena voluntad sino en la voluntad política que el Govern quiere compartir con las suministradoras”.

PRESUPUESTOS RECURRIDOS

Munté ha calificado de "irresponsable" la decisión del PSC de sumarse al PP y Ciutadans por recurrir los presupuestos al Consell de Garantíes Estatutàries por incluir una partida sobre el referéndum. "Sabíamos que el PP y Ciutadans llevarían los presupuestos al Consell de Garanties Estatutàrias. Lo que cuesta más de entender es que lo haga el psc, es una decisión legítima que consideramos irresponsable" ha afirmado, alegando que con el recurso se retrasa la aplicación de "programas y medidas sociales".