Los fiscales, claves del plan reformista del Gobierno
El Congreso inicia un debate para convertirles en instructores en vez de los jueces.
Mateo Balín | Madrid
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que regula el proceso penal y que pretende dar a los fiscales la instrucción de los procedimientos en lugar de los jueces, será uno de los puntos fuertes del paquete reformista del Gobierno en esta legislatura.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, quiere llevar este año el proyecto legal al Congreso y, pese a los primeros reveses de la oposición, confía en que la subcomisión para una Estrategia Nacional de Justicia, aprobada por el Pleno el pasado 2 de febrero y que echará a andar este miércoles, le dé un impulso definitivo a su plan legislativo.
Hasta la fecha no ha habido reuniones preparativas entre los grupos parlamentarios, sobre todo entre los portavoces de Justicia de PP y PSOE, por lo que el debate comenzará prácticamente de cero. El único punto positivo es que ya existen dos documentos marco sobre los que trabajar: el proyecto que presentó el ex ministro socialista Francisco Caamaño en 2010 y el que se elaboró en la Comisión de Justicia de la legislatura 2011-2015, con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro.
En sendos textos, asesorados por magistrados del Tribunal Supremo como Cándido Conde-Pumpido, entonces fiscal general, o Manuel Marchena, actual presidente de la Sala Segunda (Penal) y fiscal de carrera, coinciden en que la nueva LeCrim otorgue al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación y vele por el pleno respeto a los derechos fundamentales mediante la creación de la figura del juez de garantías.
Protagonismo
La nueva norma deberá entregar todo el protagonismo al juicio oral, momento en el que deben practicarse las pruebas; debe mejorar las garantías de defensa con la participación de las partes en la fase de investigación; debe simplificar los procedimientos y recursos, mejorar las tareas de coordinación policial y articular un procedimiento especial para la investigación y enjuiciamiento conjunto de menores y mayores en los supuestos graves.
Según fuentes ministeriales, estos cambios requerirán de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que refuerce la potestad normativa y la «absoluta autonomía» de los fiscales. Una condición, la autonomía de los futuros fiscales instructores, que el PSOE también ve «fundamental».
El portavoz parlamentario de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, considera que es necesario flexibilizar el actual sistema de dependencia jerárquica de la Carrera Fiscal, que junto a la unidad de acción son dos de los principios básicos. «Es necesario dotar de herramientas a los fiscales instructores para reforzar su autonomía con respecto a sus superiores. Las desautorizaciones hay que motivarlas; que puedan encontrar amparo frente a presiones internas o descalificaciones», dice Campo, magistrado de profesión, que advierte al PP de que en el debate sobre la autonomía de los fiscales habrá «líneas rojas».
