Las amenazas de un acusado en el caso Palau ponen en apuros a Convergència
El partido de Mas se ve obligado a cambiar su estrategia de defensa y blinda a sus exconsejeros.
C. Reino | Barcelona
La apertura del juicio por el caso del Palau de la Música estuvo marcada por el pacto que negocian los abogados de Jordi Montull, mano derecha del máximo responsable de la entidad cultural, y la Fiscalía, para rebajar la pena de su hija, exdirectiva de la institución y también procesada, a cambio de que el acusado tire de la manta sobre las supuestas comisiones ilegales que cobraba Convergència de las empresas constructoras a través del Palau.
El caso Palau, que desterró de un plumazo el manido concepto del oasis catalán frente a la corrupción rampante en España, arrancó ayer en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, ocho años después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran en la entidad cultural, la joya de la corona de la burguesía catalana. La vista se prolongará hasta junio y Montull declarará el miércoles que viene. Convergència, hoy PDECat, se sienta en el banquillo de los acusados como responsable civil a título lucrativo de un saqueo que supera los 30 millones de euros y también a través de su extesorero Daniel Osácar, que se enfrenta a siete años de prisión. El partido tiene quince sedes embargadas como aval por si tuviera que hacer frente a una eventual condena. Los investigadores calculan que percibió de la constructora Ferrovial algo más de seis millones de euros.
Pacto criminal
La amenaza de que el principal colaborador de Millet pudiera dar detalles sobre el destino de grandes cantidades de dinero y acreditara la tesis de la Fiscalía de que Ferrovial y Convergència suscribieron un «pacto criminal» para la financiación ilegal del partido ha obligado a los abogados de la formación a mover ficha y variar su estrategia de defensa. Por ello, el abogado del partido y el del extesorero han renunciado a que comparezcan un total de 36 testigos, algunos de ellos exconsejeros encargados del área de infraestructuras durante la época que se investiga, Pere Macías y Felip Puig, así como el ahora portavoz de Junts pel Sí, Jordi Turull. Los tres eran los responsables de los concursos para los contratos para las obras. Aunque el argumento que dieron los letrados fue que las adjudicaciones se hicieron de manera correcta y que, por tanto, no son necesarias las comparecencias porque no hubo financiación ilegal, lo que subyace es la decisión de no exponer a un tercer grado a los exaltos cargos de Convergència en un momento en que la formación está asediada por otro caso de corrupción, el del 3%.
Si Montull tira de la manta, la declaración de los Macías, Puig y Turull, de dentro de un mes, se centraría con toda seguridad giraría en torno a lo que pueda contar el exnúmero dos del Palau.