El soberanismo acelera el proceso para evitar el daño de la corrupción

c. reino | barcelona

A medida que se acerca el choque de trenes, que se prevé para antes del verano, al independentismo le llegan las urgencias. Junts pel Sí y la CUP se proponen reformar el reglamento de la Cámara catalana para poder aprobar la ley de transitoriedad jurídica -llamada a sentar las bases de la independencia y a dar cobertura legal al referéndum- por la vía de urgencia, sin permitir apenas debate ni presentación de enmiendas, y así evitar que la suspensión del Constitucional pudiera dejar sin amparo la convocatoria del referéndum. Además, hacen oídos sordos a un dictamen del Constitucional catalán y se disponen a aprobar los presupuestos, a pesar de las partidas inconstitucionales, y se preparan para la convocatoria ineludible del referéndum. Los no independentistas ponen el grito en el cielo ante lo que consideran dos claros atropellos democráticos, pero al secesionismo le han entrado las prisas.

Por un lado, porque si el proceso no quema las etapas que promete, el movimiento secesionista puede desinflarse. Hasta la fecha ha mostrado una capacidad de aguante a prueba de bomba pero solo se mantendrá igual si, fijando fechas históricas en el calendario, se logra mantener la fe en que el proceso avanza, aunque no lo haga. Junts pel Sí y la CUP recurrieron a la pantalla del referéndum, pero lo hicieron a medias, ya que la consulta unilateral mantiene las mismas prisas que los comunes de Ada Colau no admiten, lo que impide aumentar la base favorable al proceso. Si las causas judiciales que tienen abiertas los dirigentes nacionalistas acaban en condenas -casos 9-N y Forcadell- en los próximos meses, la legislatura habrá llegado a su fin, todo se precipitará y el referéndum se adelantará a antes del verano. El choque será inminente.

Pero sobre todo, lo que obliga al secesionismo a pisar el acelerador es la situación de la exconvergència, sentada en el banquillo por presunta corrupción en el caso Palau e investigada en el caso del 3%. Por tanto, todo lo que sea ralentizar el proceso va en detrimento del objetivo de salvar a CDC, que puede salir mal parada de los frentes judiciales por corrupción que tiene abiertos. Ni siquiera la refundación del Pdecat ha servido para hacer borrón y cuenta nueva con el pasado pujolista, pues de hecho, Artur Mas vuelve a postularse, con una agenda pública casi diaria, como candidato a la presidencia de la Generalitat. Acelerar el proceso sirve a los nacionalistas para poder mantener el victimismo hasta el momento del choque y poder argumentar que el 3% no es más que una invención de la guerra sucia del Estado. El proceso se presenta así como un salvavidas para los dirigentes de la exCDC, que se erigen en mártires.