Mas recurrirá a Europa los dos años de inhabilitación por el 9-M

Colpisa | Barcelona

Artur Mas y su Gobierno «pervirtieron los principios democráticos», «quebraron» la regla básica de sumisión a la ley, imprescindible para una «convivencia pacífica», y «alteraron en términos inaceptables el normal funcionamiento del Estado de Derecho» cuando ignoraron la suspensión del Constitucional y celebraron la consulta soberanista del 9-N de 2014, que fue una prueba piloto del referéndum que Junts pel Sí y la CUP pretenden celebrar este año en septiembre.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó ayer a Mas y a dos de sus exconsejeras, Joana Ortega e Irene Rigau, por el delito de desobediencia, mientras que les absolvió del delito de prevaricación. La sentencia, adoptada por unanimidad de los tres jueces, castiga a Mas a dos años de inhabilitación para ejercer cargo público e impone una pena de un año y nueve meses de inhabilitación a Ortega, y un año y medio a Rigau, la única de los tres que en ocupa ahora un cargo electo (diputada autonómica).

Una hora después de conocer el fallo, los tres exmiembros del Gobierno catalán anunciaron que recurrirán un fallo que recibieron con «plena serenidad y plena disconformidad». Su intención es acudir al Supremo, que tiene pendiente el fallo contra Francesc Homs por su actuación como consejero de la Presidencia durante la misma causa del 9-N. Eso sí, los tres líderes nacionalistas ya dieron casi por descontado que el Supremo no rebajará la pena, y recurrirán la sentencia hasta las últimas instancias, en este caso los tribunales europeos.

La Multa

Mas calificó el fallo, que le condena también al pago de una multa de 36.500 euros, de 30.000 a Ortega y de 24.000 a Rigau, de estar cogido con «fórceps». Sin embargo, la condena es mucho más leve que la que pedía la Fiscalía, que reclamaba diez años de inhabilitación por desobediencia y prevaricación para Mas y nueve para las exconsejeras. Una rebaja que supone un acicate para el movimiento independentista, que se conjuró para no dar un paso atrás e insistir en el desafío, a pesar de que los dirigentes soberanistas ya conocen cuáles son las consecuencias de lo que ellos siempre han calificado como «poner las urnas».

Para el tribunal, Mas, Ortega y Rigau cometieron un delito de desobediencia a una resolución del Constitucional que suspendía la consulta. «A pesar de tener un perfecto conocimiento del contenido y efectos de la providencia de 4 de noviembre de 2014 del Tribunal Constitucional, el entonces presidente de la Generalitat no hizo nada» para abortar la votación, dice la sentencia.

El juicio del 9-N puso el foco en cinco días de 2014. Los que transcurrieron desde que el 4 de noviembre, cuando el Constitucional dictó un auto por el que anuló la consulta, hasta el día 9, la jornada de votación, en la que participaron 2,3 millones de catalanes, que se manifestaron de manera mayoritaria (80%) a favor de la independencia. La consulta original convocada por Mas había mutado a proceso participativo, no tenía efectos jurídicos, ni tampoco todas las garantías democráticas que exige una votación dado que las mesas las gestionaban voluntarios, pero aún así el Constitucional ordenó su paralización. En cambio, Mas no solo hizo caso omiso a la corte, sino que «dispuso lo necesario para que prosiguieran las actuaciones».