Reforman el reglamento del Parlament para acelerar la desconexión
Asistentes a la reunión para reformar el reglamento. QUIQUE GARCÍA
Al independentismo le han entrado las prisas. En julio se cumplirán los 18 meses que se habían dado Junts pel Sí y la CUP para alcanzar la secesión y buena parte del proceso de ruptura está aún por hacer. Por ello, y una vez que el Parlamento catalán ha aprobado los Presupuestos, las fuerzas independentistas han puesto la directa hacia la desconexión y tratan de acortar los plazos todo lo que pueden. Hasta el punto, que el acuerdo para reformar el reglamento de la Cámara se lo despacharon en diez minutos. Este trámite parlamentario debe servirles para agilizar la ley de transitoriedad jurídica, que situará -según sus intenciones- a Cataluña al margen de la legalidad española y que podría aprobarse en un día y sin que la oposición pueda presentar enmiendas.
Junts pel Sí y la CUP celebraron ayer una breve sesión inaugural de la llamada ponencia conjunta de la reforma del reglamento, sin el concurso de la oposición, que se negó a participar. La primera y última reunión de la ponencia dio como resultado un informe, que se convertirá en proposición de ley, para que la reforma del reglamento se tramite por la vía de urgencia. De tal manera, que en mayo, la Cámara catalana ya tendrá modificada su normativa.
La oposición acusó a los secesionistas de prácticas antidemocráticas y de aplicar el rodillo con su mayoría absoluta. «Quieran robar los derechos democráticos de la oposición», señalaron en Ciudadanos. «Nos lo quieren imponer de forma autoritaria, con nocturnidad y alevosía», añadieron en el PP.
Lo que se persigue
El objetivo de los independentistas es aprobar la ley de transitoriedad jurídica, el mismo día que el Gobierno catalán firmará el decreto de convocatoria del referéndum. Para eludir la impugnación y poder decir que la consulta tiene el amparo de la legalidad catalana.
La tramitación en «lectura única» de una ley ya estaba contemplada en el reglamento de la cámara catalana, pero únicamente se admitía que la pudiera solicitar el Govern para algún «proyecto de ley» que el ejecutivo considerara que tenía que ser aprobado con la máxima urgencia.