El juez concluye que el presidente de Murcia ‘trabajó’ con la red Púnica

mateo balín | madrid

La presión política y judicial sobre el presidente de la Región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, se elevó ayer varios grados después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decidiera actuar contra él por su presunta implicación en el caso Púnica, que investiga una «gigantesca red de tráfico de influencias» que afecta a las administraciones de varias comunidades.

En la misma semana que se debate y vota la moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente regional, el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis envió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia la exposición razonada (resolución motivada) contra Pedro Antonio Sánchez al ser aforado ante este órgano. Reclama a la Sala Civil y Penal que investigue al presidente autonómico por la presunta comisión los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Velasco considera que Sánchez «concertó» trabajos privados para mejorar su imagen en Internet y redes sociales bajo el amparo de la prestación de servicios a la Consejería de Educación, de la que era el máximo responsable. Lo hizo en connivencia con el presunto conseguidor de la red Púnica, el empresario Alejandro de Pedro, con el objetivo de restañar su imagen entre noviembre de 2014 y mayo de 2015 por la cantidad de denuncias presentadas contra él por su actuación en su época como alcalde de Puerto Lumbreras («el 70% de las noticias en Internet eran negativas»).

Los servicios se programaron con la vista puesta en la batalla en el PP murciano para ser el candidato a presidir la comunidad en las elecciones autonómicas de ese año, después de que el entonces presidente Alberto Garre, sustituto a mitad de legislatura del histórico Ramón Luis Valcárcel, no lograra el apoyo del PP. El rival de Pedro Antonio Sánchez fue el entonces consejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, que dimitió en junio de 2015 precisamente por estar investigado en la trama Púnica.

La exposición razonada enviada por el juez Velasco será vista por los magistrados que conformen la Sala Civil y Penal del tribunal regional, quienes deberán de decidir si abren una causa contra el presidente con el criterio contrario de la Fiscalía Anticorrupción, que no aprecia indicios de delito al no consumarse el contrato de reputación (Púnica estalló a finales de octubre de 2014 y los supuestos trabajos comenzarían en noviembre).

Esta postura tuvo que ser explicada en el Congreso por el fiscal general José Manuel Maza después de la polvareda levantada por unas declaraciones del propio Sánchez, que se vanaglorió en público de contar con el apoyo de la cúpula fiscal cuando se difundió que el juez de Púnica iba a actuar contra él.

En la resolución de 32 páginas conocida ayer, el juez explica que en el momento de los hechos, junio de 2014, Sánchez era el consejero de Educación y «no sufragó (los trabajos concertados con De Pedro) con su dinero particular ni lo hizo personal al servicio de su cargo, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente». Dichos servicios, continúa, se empezaron a realizar como adelanto de una futura adjudicación «hinchada» en contratos públicos de formación que Sánchez adjudicaría a empresas vinculadas a De Pedro y su socio, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena también investigado.

El juez Velasco detalla además todos los indicios hallados a lo largo de la investigación contra el presidente murciano, entre ellos correos electrónicos, llamadas telefónicas o los intercambios de whatsapp con el mismo De Pedro. También diversos informes sobre los trabajos de reputación online.

Sobre el delito de revelación de información reservada, el juez se ampara en una sentencia del propio fiscal general cuando era magistrado del Tribunal Supremo. Es de mayo de 2014 sobre el caso Munar.