Los aforamientos de los políticos saltan a la primera línea del debate

Los escándalos de corrupción que salpican a Pedro Antonio Sánchez, que mantiene su escaño en la Asamblea murciana, han resucitado el debate sobre la supresión del blindaje judicial del que gozan todos los parlamentarios. Mientras que cualquier diputado por su condición de aforado solo puede ser juzgado por un tribunal superior, en Estados Unidos y el resto de Europa se vigila mucho que todos los ciudadanos se sientan iguales ante la ley. Francia solo blinda a su presidente y sus ministros; Italia y Portugal, a su jefe de Estado. Y en Alemania y Reino Unido esta figura legal ni siquiera existe.

En España, en cambio, se asemeja a un listín telefónico.

En total casi 250.000 personas, gozan de esta protección jurídica, de las que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 17.603 pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. De ellos, 2.300 son políticos y, casi la mitad, diputados en las cámaras regionales.