Catalá se defiende de los antisistema y asegura que la Fiscalía es autónoma

mateo balín | madrid

Cuando Rafael Catalá se comprometió hace ya semanas a participar ayer en un desayuno informativo pocos se podían imaginar que cada una de sus palabras iban a ser examinadas con lupa. El ministro de Justicia, en el centro de la polémica por el mensaje que envió a Ignacio González, hoy en prisión provisional investigado por el presunto saqueo del Canal de Isabel II en la operación Lezo, no aguardó al turno de preguntas para tratar de aplacar las críticas que se ciernen sobre el Ejecutivo por, supuestamente, traspasar la delicada línea de injerir en las decisiones de la Fiscalía y, por ende, del Poder Judicial.

En su exposición en el Ágora de El Economista , Catalá dijo que «pese a lo que algunos antisistema quieren transmitir, que buscan golpear el modelo de convivencia y modelo institucional, quiero proclamar que España es un Estado de Derecho solvente, fuerte y legitimado por la voluntad ciudadana, plasmada en la Constitución. En nuestro sistema brilla la separación de poderes, hay independencia del Poder Judicial y autonomía de la Fiscalía».

Aunque con tono conciliador, el ministro de Justicia fue tajante al defender la función del Ministerio Público. Catalá considera que «no hay nada peor que minar la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Estos días se han leído auténticas barbaridades basadas en la anécdota y el desconocimiento. Nuestro poder judicial es absolutamente independiente», insistió como aperitivo de su próxima comparecencia en el Congreso el 10 de mayo a petición en bloque de la oposición.

«Quiero declarar con la voz muy alta la confianza y el reconocimiento a la labor de la Fiscalía. Frente a algunos que creen que pueden hacer daño a las instituciones porque así hacen daño al Gobierno, yo quiero defender a las instituciones y poner en valor la actividad diaria de la Fiscalía en la defensa del interés general», dijo Catalá el día después de que la Fiscalía General tratara de aplacar las críticas al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, con el anuncio de la renovación el 6 de abril del fiscal del caso Lezo Carlos Yáñez, quien, según fuentes de su entorno, sufrió presiones del primero para que renunciara al cargo.

En línea con la reforma de la Justicia que defiende desde que tomó la cartera, Catalá abogó por que sean los fiscales quienes instruyan las causas. «Deberíamos de ser capaces de avanzar en esta dirección y solo lo haremos si contamos con el consenso. A los que apuesten por ello les animo a que lo digan. Yo -subrayó- creo más en el juez de garantías y en el fiscal instructor».

Sus palabras chocan con no pocos jueces instructores que piensan lo contrario, que la dependencia jerárquica de los fiscales va en contra de su independencia. El mismo Eloy Velasco, instructor del caso Lezo, aseguró el pasado domingo en una entrevista a El Mundo que los fiscales pertenecen al «Poder Ejecutivo», es decir al Gobierno.

El ministro de Justicia enmarcó en «las responsabilidades políticas» la dimisión de Esperanza Aguirre como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, y señaló que estas «tienen un plano distinto» de las jurídicas. Catalá apuntó que la decisción de Aguirre llegó «después de una larguísima vida de servicios al interés general y una trayectoria extraordinaria», si bien matizó que tuvo «con luces y con sombras, aunque en su caso con muchas luces y reconocimientos».