Defensa asume su responsabilidad en el accidente del Yak-42 en Turquía
Los familiares irán a la vía judicial al negarse el ministerio a abonar nuevas indemnizaciones.
Los familiares se reunieron con la ministra en enero. KIKO HUESCA
mateo balín | madrid
Las víctimas del accidente del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), volverán a la vía judicial si el Ministerio de Defensa se niega, como ayer avanzó, a cumplir la obligación patrimonial del Estado con los familiares después de que éste asumiera la responsabilidad de la Administración militar en el accidente.
El departamento dirigido por María Dolores de Cospedal hizo pública ayer la resolución del expediente administrativo relativo a las solicitudes de indemnización formuladas por los allegados de los militares muertos, después del dictamen preceptivo del Consejo de Estado del 20 de octubre de 2016.
Y, tal y como adelantó la ministra a las familias en su reunión del 10 de enero pasado, Defensa reconoce la responsabilidad del Estado «tras años de procedimientos administrativos y judiciales, ya que han podido constatarse hechos anteriores a la fecha del siniestro que habrían permitido a la Administración militar ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente».
En cuanto a los contratos y a la documentación a la que ha podido acceder Defensa para su informe, «se ha podido constatar de forma fehaciente que no se abonó precio alguno por el vuelo siniestrado».
En cualquier caso, según la resolución de Defensa, la asunción de responsabilidad administrativa no significa el abono de nuevas indemnizaciones, como reclamaban algunos de los familiares desde 2004, y cuya solicitud había supuesto el origen del expediente. A este respecto, se incide en «el importante despliegue resarcitorio derivado de los distintos mecanismos que han operado en el presente caso, por lo que no puede sumarse una indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración». Ante esta decisión, las familias tienen previsto recurrir a la jurisdicción Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, según fuentes del caso.