Diario de León

La Fiscalía señala al número dos de Interior en el chivatazo de Lezo

Apunta a la «gravedad» de la reunión de Nieto en su despacho con el directivo de Mercasa.

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Balín / Sáiz-Pardo | Madrid

Los fiscales anticorrupción de la operación Lezo, el presunto saqueo de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II, valoraron ayer la «gravedad» de la reunión mantenida en plena investigación bajo secreto por el hermano de Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid en prisión sin fianza, con el número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto. La cita tuvo lugar en la sede del Ministerio del Interior el pasado 8 de marzo, mes y medio antes de que estallara la operación de la Guardia Civil, y Nieto tuvo que comparecer en el Congreso el 28 de abril siguiente para dar explicaciones sobre este encuentro filtrado a los medios de comunicación.

Aquella reunión de 15 minutos con Pablo González, exdirectivo de la empresa pública Mercasa y en prisión provisional bajo fianza de cuatro millones de euros, fue para el secretario de Estado de Seguridad una audiencia «protocolaria», «a la vista de todos», entre dos personas que se conocen desde hace algunos años para felicitarle por el nombramiento de éste. Asimismo, Nieto defendió que desconocía la implicación del investigado en el caso y que cuando se produjeron las detenciones comunicó al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, los pormenores de aquella cita para aclarar cualquier posible mal entendido.

«Con libertad»

«Aún no sé de qué se me acusa, qué delito cometí. ¿Tal vez de ordenar mal mi agenda? ¿De no pedir la ficha policial de las personas a quien recibo? ¿De no inmiscuirme en las investigaciones de la UCO?», se preguntó Nieto de forma retórico en el Congreso el 28 de abril, antes de negar cualquier injerencia al juez, a los fiscales o la Guardia Civil de la operación Lezo. «Actuaron con libertad e independencia», aseguró a los parlamentarios.

Pues bien, estos argumentos de Nieto quedaron ayer en entredicho por los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Iañez, quienes señalaron la «gravedad» de la citada reunión en un escrito ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, en el que rechazaron las peticiones de las defensas de Ignacio González y de su mano derecha en el Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez, de ser excarcelados. Entre otros motivos, alegaron que se mantiene el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y/o de ocultación de pruebas de los dos investigados.

Los fiscales mencionan en su escrito el «amplio círculo de acción» de los investigados en distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, «para lograr la impunidad de sus acciones».

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