La oposición acorrala al Gobierno del PP por los casos de corrupción

Colpisa | Madrid

Los esfuerzos del PP por desviar el foco de los escándalos que vuelven a hacer mella en las siglas del partido resultaron ayer inútiles. Durante cerca de once horas y en diferentes formatos, el Gobierno tuvo que defenderse del rosario de sospechas de chivatazos e injerencias que acompañan a los populares desde que estalló la operación Lezo a finales de abril. El Congreso casi celebró una jornada monográfica en la que, tras semanas de silencio parlamentario, Mariano Rajoy se topó con el PSOE más duro de la legislatura: «Usted está acorralado por la corrupción».

La denuncia del socialista Antonio Hernando, abrió a las nueve de la mañana en el hemiciclo la ofensiva de la oposición. Los socialistas reclamaron al presidente del Gobierno que destituya al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al ministro de Justicia así como al secretario de Seguridad, José Antonio Nieto, por ejercer de «abogados defensores» de los corruptos. Se guardaron además en la manga el as de la reprobación de Rafael Catalá en caso de resistencia.

En ningún momento amagó el titular de Justicia con su retirada. El PSOE pretende, de hecho, que su propuesta se debata la próxima semana y forzará al resto de partidos de la Cámara a tomar partido. Sería la segunda vez que un integrante del Gabinete de Rajoy recibe el reproche parlamentario. Ya ocurrió el pasado octubre, cuando todos los partidos salvo el PP apoyaron la reprobación de Jorge Fernández Díaz, titular de Interior entonces en funciones

La composición del Ejecutivo permitió a Rajoy quince días más tarde prescindir de su exministro en el nuevo Gobierno. Esta vez, sin embargo, fuentes de la Moncloa descartan que el presidente vaya a sacrificar a Catalá, convencido de que cuenta con el aval de su jefe de filas. «Tengo la confianza de quien tengo que tenerla», le espetó ayer al PSOE. Pero los socialistas apuestan por que antes o después le dejarán «caer». «A usted ya le ha llegado el primer mensaje: Rafa, sé fuerte, estas cosas pasan», apuntó con sorna el socialista Artemi Rallo.

La reprobación no supone, en todo caso, una obligación legal para el Gobierno. «Es una sanción de carácter político sin efectos jurídicos», explica un alto cargo gubernamental. Pero sí funciona como técnica de desgaste para un Ejecutivo en minoría y en manos de la oposición.

Calibrar los daños

Fuentes populares reconocían ayer el «daño» que todo debate sobre la corrupción causa al partido conservador en términos de opinión pública. Coinciden los dirigentes consultados en que la factura que temen no es la electoral estando, en principio, «a años luz» de los próximos comicios generales. Pero apuntan que «ayudar, no ayuda» ni a gobernar ni a recuperar progresivamente la masa de votantes que, desencantados, abandonaron las papeletas del PP.