El Gobierno actuará si la consulta registra una convocatoria formal

nuria vega | madrid

La Abogacía no quiere dar «pasos en falso». Fuentes de La Moncloa anticiparon ayer que los servicios jurídicos del Estado escrutarán y transcribirán hoy la declaración institucional con la que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras van a comunicar la fecha y la pregunta del referéndum independentista. Pero si realmente no hay convocatoria formal de la consulta, ni firma estampada en un documento o papel que sustente el anuncio, el Gobierno es partidario de relativizar el movimiento del Ejecutivo catalán. «Al final lo que cuenta son las decisiones que tienen valor no sólo político, sino también jurídico», suscribió el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo.

Pese a la formalidad de la cita en el Palau de la Generalitat, en el Gobierno se mostraban ayer cautelosos a falta de conocer los detalles de la puesta en escena. En esta fase decisiva del proceso, en La Moncloa apuestan por no caer en la precipitación ni errar con los recursos que se presenten en los tribunales para frenar la consulta secesionista. Por eso, si Puigdemont se ciñe hoy a una mera declaración de carácter político, la respuesta que el Ejecutivo le trasladará inmediatamente después de su reunión de los viernes será la misma de siempre. «Pueden anunciar que van a anunciar ese referéndum todas las veces que quieran, retrasarlo cuantas semanas quieran y convocar cuantos actos quieran, pero el referéndum no se va a celebrar», advirtió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el miércoles por la noche en el Salón Internacional de la Logística de Barcelona.

Cuando el 29 de septiembre de 2014 el Gobierno acordó en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros impugnar la consulta del 9-N y la ley que amparaba la votación, Mariano Rajoy tenía sobre la mesa el decreto de convocatoria firmado por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. El documento dado a conocer el día 27 de ese mes contemplaba dos preguntas. «¿Quiere usted que Cataluña sea un estado?». Y de ser así: «¿Quiere que este estado sea independiente?».

El jefe del Ejecutivo compareció en el Palacio de La Moncloa para incidir en que «no hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna, que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible». Horas más tarde, el Tribunal Constitucional admitió los recursos y suspendió de manera cautelar el procedimiento. Un mes después tendría que volver a reunirse para actuar del mismo modo con la consulta alternativa que planteó la Generalitat.

En este caso, sin embargo, fuentes gubernamentales desconocen si habrá papel que impugnar o algo que sea susceptible de recurso. También contemplan que la convocatoria oficial se produzca en pleno verano. «Cuando haya que actuar lo haremos», se limitó a señalar la vicepresidenta.

En su departamento se examinan todos los escenarios que podrían darse en los próximos meses camino del referéndum. Y, junto a las hipótesis, se valora cómo debería responder en cada circunstancia el Gobierno. Pese a las especulaciones acerca de si el Ejecutivo podría llegar incluso a suspender la autonomía para impedir una vulneración de la Constitución, fuentes gubernamentales apuntan a la «necesaria proporcionalidad».