El Gobierno recurrirá la consulta en el momento que sea oficial
Ni el Gobierno procederá a recurrir «el enésimo anuncio» del referéndum ni la Fiscalía se pronunciará sobre «meras opiniones o deseos». Ambas instituciones coincidieron ayer en restar valor jurídico al acto en el que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras trasladaron desde el Palau de la Generalitat su intención de celebrar la consulta independentista el 1 de octubre. «Los pensamientos -relativizó el portavoz del Ejecutivo- son libres». Ahora bien, Íñigo Méndez de Vigo advirtió al presidente catalán y a su número dos de que «pasar de los anuncios a los hechos» tendrá consecuencias inmediatas.
El Ejecutivo sostiene que «no se va a celebrar un referéndum ilegal» y que, por lo tanto, la convocatoria formal de la consulta, cuando se produzca, será recurrida ante el Tribunal Constitucional «como han sido todos y cada uno de los intentos de desafiar el ordenamiento jurídico». Pero hasta que el presidente de la Generalitat no estampe su firma en un decreto, fuentes de La Moncloa apuestan por no amplificar la «estrategia mediática» de los secesionistas.
La Abogacía del Estado analiza la declaración institucional con la que Puigdemont dio a conocer ayer la fecha y la pregunta del referéndum. Se estudian tanto la puesta en escena como la reunión previa del Consejo Ejecutivo de la Generalitat que «ratificó» la decisión de que la consulta se celebre en octubre.
El titular de Justicia confirmó el trabajo que realizan los servicios jurídicos y el Ministerio Público, aunque se mostró escéptico sobre la trascendencia del anuncio. «Ha sido una declaración de voluntad política y no parece que, en sí misma, constituya ninguna infracción susceptible de impugnación», admitió Rafael Catalá.