Rajoy apunta a la moción como la única opción para desbancarle

Nuria Vega | Madrid

Mariano Rajoy subió ayer a la tribuna del Congreso sin ningún ánimo de pronunciarse sobre la corrupción en el PP y mucho menos de dimitir por el mayor escándalo en el que se ha visto envuelto el PP. «Mi obligación es gobernar —reivindicó— y no voy a abdicar de ella». El presidente se siente avalado por las victorias electorales y por la confianza que en su día le otorgó la Cámara baja para continuar en la Moncloa y, siendo así, retó a la oposición a emplear el único instrumento constitucional que, a día de hoy, podría «obligarle» a dar un paso a un lado: la moción de censura.

La asunción de responsabilidades políticas que exigen los grupos parlamentarios no deja de ser para Rajoy una expresión inconcreta, incluso un recurso que de «tan trillado» amenaza con desembocar en ninguna parte. De hecho, convencido de haber agotado ya todas las vías de explicación posibles sobre su conocimiento de la corrupción en el PP, aclaró que nunca admitirá «mansamente» las acusaciones de la oposición ni la «pena» de abandonar el Gobierno. Sólo a las urnas y a los tribunales les concedió el presidente la potestad de juzgar los casos de corrupción. En realidad, a nadie extrañó la respuesta. Ya el 1 de agosto de 2013, forzado a comparecer en el Parlamento por su mensaje de móvil al extesorero del PP — «Luis, sé fuerte»—, Rajoy anticipó: «Ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones». Fuentes gubernamentales recuerdan aquel pleno, no como el trámite relativamente sencillo de hoy, sino como un trance que hubo que gestionar con cautela.

Desde entonces, quienes le conocen sostienen que el presidente no ha vuelto a abordar en profundidad el asunto. Sólo el 28 de octubre de 2014, con el partido aún impresionado por la detención del exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, Rajoy pidió «disculpas» en el Senado por ubicar en puestos de responsabilidad a quienes no eran «dignos» de esas tareas. Corrían los tiempos de la operación Púnica. Esta vez, en cambio, en el PP tienen la convicción de que los grupos parlamentarios no buscan ejercer la función de control al Gobierno que tienen asignada, sino desgastar a los populares, frenar sus opciones de crecimiento electoral y, en caso de ser posible, expulsar al partido de las instituciones. «Urgencias políticas», resumió el presidente antes de cuestionar la «utilidad» del debate de este miércoles en la batalla contra la corrupción.