El Gobierno catalán asegura que tiene listas las urnas y el censo
Carles Puigdemont hace oídos sordos a todas las advertencias y emplazamientos del Gobierno central. El 1 de octubre «votaremos y decidiremos», afirmó en respuesta a los últimos avisos de Mariano Rajoy y otros miembros del Ejecutivo central. Todo eso, señaló el presidente catalán, forma parte de una «operación provocación» para que las fuerzas independentistas pierdan los papeles y entren en el juego de «la crispación».
En la Generalitat dicen que están «muy tranquilos» porque no hay vuelta de hoja y dentro de un mes habrá consulta suspenda lo que suspenda el Tribunal Constitucional. «Tenemos todo listo, las urnas, las papeletas, el censo, los colegios electorales», mantiene fuentes del Ejecutivo catalán, que recuerdan, como dijo su presidente, que después de «seis años de musculación» no se van a echar para atrás por más que el Estado eleve el tono de sus advertencias.
Puigdemont hizo ayer a través de Twitter un nuevo llamamiento a los suyos para que mantengan prietas las filas y no aflojen ante «las manipulaciones, montajes, falsedades y provocaciones» de los últimos días, en referencia a los Mossos y su decisión de ignorar el aviso de los servicios de inteligencia norteamericanos sobre el atentado. «La campaña del ‘no’ busca crispar el mes que nos queda hasta el 1-O», denunció el presidente catalán, convertido en el más severo vigilante de la unidad soberanista, maltrecha de puertas para adentro, pero pétrea de puertas para afuera.
El jefe de la Generalitat reclamó a los suyos «serenidad» porque el rumbo hacia la consulta ya está trazado y nada ni nadie lo va a modificar. Las palabras de Puigdemont no tienen contestación entre los miembros de su Gobierno ni en su partido ni en Esquerra ni siquiera en la CUP, que, aunque siempre reclama más contundencia institucional, reconoce que el papel del presidente de la Generalitat está a la altura de sus demandas. Sobre todo después de que Junts pel Sí haya accedido a aprobar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica en el Parlamento de Cataluña el próximo miércoles, y no mediante un decreto ley como se barajó en principio.