Rajoy pide confianza en su respuesta al desafío: «Sé lo que se espera de mí»

Vega / Gorriarán | Madrid

Medir con precisión la respuesta del Estado al desafío del independentismo en el Parlamento de Cataluña es un reto para el Gobierno tan relevante como impedir que el 1 de octubre se celebre el referéndum de autodeterminación. De ahí que Mariano Rajoy, habituado a los reproches de inmovilismo y tibieza, trufara su intervención de ayer en la Moncloa de continuas apelaciones a la «serenidad». Una cualidad que el presidente no contrapone en ningún caso a la «firmeza». «Soy muy consciente de mis obligaciones y de la gravedad del momento —garantizó—, soy muy consciente de lo que está en juego y sé lo que se espera de mí».

Fue la suya una comparecencia de veinte minutos destinada en buena medida a pedir un voto de confianza. Pero no un acto de fe. Una y otra vez, arropado por todos sus ministros, insistió en que no habrá consulta en Cataluña y en que el Gobierno va a hacer «todo lo necesario», sin renunciar a ningún instrumento, para que nadie liquide «de un plumazo el modelo de convivencia». «Nuestro Estado de Derecho puede parecer a veces lento y tímido ante la osadía de quienes lo desafían, pero las apariencias no deben llevarnos a engaño», advirtió con la promesa de que «nadie vacilará».

Sin embargo, mantienen en la Moncloa, lo que tocaba era no ir más allá de los recursos ante el Tribunal Constitucional. El Consejo Ministros, reunido de manera extraordinaria, autorizó al presidente a impugnar la ley del referéndum, el decreto de convocatoria de la consulta, las normas complementarias para su celebración y la designación de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

Con la ley

«Respuestas jurídicas para actos con consecuencias jurídicas», sostienen en el Gobierno. «Toda acción desproporcionada —explican— nos restaría el poso razonable que tienen las decisiones que vamos adoptando; pero una vez que el tribunal se pronuncie, los actos encaminados a la organización del 1 de octubre habrán de ser impedidos. Si es necesario por la fuerza». La Abogacía del Estado reclamó hoy, de hecho, al Constitucional que notifique a la Generalitat en pleno, a los altos cargos y los 947 alcaldes catalanes que su deber es impedir y paralizar toda iniciativa encaminada a hacer posible la consulta. Con ese mismo objetivo, el departamento de Soraya Sáenz de Santamaría envió una misiva a los secretarios e interventores de los ayuntamientos de Cataluña para que desoigan al Gobierno autonómico y no cedan locales para la votación del 1 de octubre.