Diario de León

El Constitucional advierte de nuevo al Govern tras suspender la ley de ruptura

El pleno anula por unanimidad la norma que regula la transición a la república catalana.

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Mateo Balín | Madrid

Por segunda vez en menos de cinco días, el Tribunal Constitucional (TC) advirtió ayer al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los 13 miembros de su Gobierno, entre otros altos cargos, de las posibles responsabilidades penales que conllevaría una desobediencia de las resoluciones de la corte de garantías. En concreto, si deciden iniciar o tramitar una ley que ha sido suspendida o no cumplen con su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa destinada a ignorar la citada resolución del TC.

Esta referencia llegó ayer, después de que los 12 magistrados del Constitucional admitieran a trámite el recurso del Gobierno central que suspende durante los próximos cinco meses la aplicación de ley que regula la transición a la república catalana. Una norma que fue aprobada el pasado jueves por la noche por el Parlamento catalán con los votos favorables por mayoría simple de los partidos secesionistas: Junts pel Sí y la CUP.

Nada de Hacienda

Tras una reunión de tres horas, el pleno de la corte de garantías también paralizó la Ley Tributaria de Cataluña, la regulación normativa de una Hacienda propia. Además de la notificación personal de la resolución a todos los miembros del Govern, el TC también se dirige a la presidenta del Parlament Carme Forcadell, a los integrantes de la Mesa que acordaron tramitar la Ley de Transitoriedad jurídica y Fundacional de la república, al letrado mayor o al secretario general de la cámara autonómica. Asimismo, también se dirige a los siete juristas que han sido designados titulares y suplentes de la llamada sindicatura electoral de Cataluña, encargada del desarrollo del referéndum del 1 de octubre, ya suspendido por el Constitucional, y a los síndicos de los territorios de Arán, Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, titulares y suplentes. La corte de garantías, presidida por Juan José González Rivas, advirtió a todos ellos de su deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». En particular, de que deben abstenerse de «iniciar tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución de las previsiones contenidas en la ley impugnada o que promuevan o tramiten actuación y norma alguna dirigida a tal fin».

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