La Fiscalía cita a todos los alcaldes que apoyan el 1-O y ornedará a los Mosso que detengan a los que se nieguen

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados (imputados) a los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos que los detengan.

Maza, en un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales, pide que, a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquellos que tengan más población. La instrucción adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del gobierno de la Generalitat los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre.

Además, el oficio recuerda que, en una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Jnqueras, se ha contactado con todos los ayuntamientos de Cataluña "exigiendo que pongan locales a disposición del referéndum ilegal" e insiste en que cualquier conducta de las "autoridades" que facilite el 1-O puede constituir delito. Por ese motivo, el fiscal general ordena que se abran diligencias a cada uno de los Ayuntamientos que figuran en el listado y que el alcalde respectivo sea citado a través de la policía judicial para declarar como investigado, asistido de letrado, "en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal".

En el caso de que el alcalde citado no comparezca a declarar, la instrucción indica que se deberá acordar su detención y oficiar "a los Mossos d'Esquadra como policía judicial" para que la lleven a cabo "en el plazo más breve posible".

La CUP ha anunciado este mediodía que su treintena de alcaldes no irán a declarar voluntariamente a los juzgados por firmar el decreto de cesión de colegios electorales para el referéndum del 1-O.

La CUP indica en un comunicado que sus alcaldes "no asistirán a declarar" ni tampoco "comparecerán ante las citaciones del fiscal general del Estado" y emplaza al resto de fuerzas políticas "a hacer lo mismo al amparo de la Ley 19/2017 del Referéndum de Autodeterminación".

Para predicar con el ejemplo, uno de los alcaldes de la CUP, el de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, ha publicado dos tuits, en el primero de los cuales se observa cómo "archiva la advertencia del Gobierno" pasándola por una trituradora de papeles. En el segundo tuit afirma: "Tengo mucho trabajo y no puedo estar por estas tonterías. Quien quiera hablar conmigo, ya sabe dónde encontrarme".

La CUP dice a la fiscalía que su estatuto "no contempla que pueda ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante una citación", y que esto "sobrepasaría su límite competencial vulnerando los derechos fundamentales". La formación anticapitalista catalana denuncia, asimismo, lo que considera "actuación demofóbica y ataque a los derechos fundamentales" por parte del Estado español "ordenando detenciones con el único objetivo de atemorizar a la población y a los cargos electos".

"Responderemos conjuntamente -avanza la CUP-, como hemos hecho siempre, ante la estrategia represora del Estado español para hacer valer lo que entendemos que es un mandato popular mayoritario amparado en el derecho inalienable de los pueblos a su autodeterminación.

Un centenar de abogados se ofrecen para defender a encausados por el 1-O

Un centenar de abogados de la asociación Drets se han ofrecido de forma voluntaria para "defender a los encausados por el referéndum" convocado por la Generalitat y se han puesto a disposición de "todas aquellas personas" que puedan necesitar "un primer asesoramiento o asistencia jurídica".

Drets, asociación de profesionales del derecho surgida para asumir casos relacionados con el proceso soberanista, ha informado a través de un comunicado de que ya ha elaborado un "protocolo de actuación" y ha habilitado un número de teléfono "para posibles citados y detenidos".

El grupo de juristas pretende dar cobertura legal a "todas aquellas personas que necesiten un primer asesoramiento o asistencia jurídica, ya sean empresas, ciudadanos o alcaldes", afirma el texto.

Este "ambicioso operativo jurídico", cuyo equipo de abogados estará disponible las 24 horas del día, cuenta con el apoyo de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Ilustre Colegio de Abogados, Juristas para la Independencia y el Colectivo Praga, señala el comunicado.

La primera acción de este grupo de abogados ha sido elaborar un protocolo de actuación que se puede consultar en su página web "para ciudadanos que sean requeridos para la policía, como testigos, investigados o detenidos, o por empresas que puedan ser víctimas de registros policiales". Drets defiende que es "crucial" que la ciudadanía sepa "cuales son sus derechos y como debe actuar frente a las posibles acciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado" y afirma que "la convocatoria de un referéndum no es ningún delito".