La imprenta de los 100.000 carteles fue acusada de financiar a CDC
Primer golpe de las fuerzas de seguridad del Estado a los preparativos del referéndum del próximo 1 de octubre. Tras una semana de registros sin éxito, los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se incautaron ayer en una nave del barrio barcelonés de Poblenou de buena parte de la cartelería que supuestamente la Generalitat había encargado para publicitar la consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
Según informaron mandos del operativo, en una nave de la imprenta Marc Martí en el número 110 de la calle Pallars los funcionarios encontraron 100.000 carteles relacionados con el 1-O. Una tonelada y media de papel, de acuerdo con las primeras estimaciones de los agentes.
Una parte importante de esos carteles llama a la participación en la consulta, con el logotipo de la Generalitat y con la imagen y el lema que el Gobierno autonómico ha elegido para el referéndum, una fotografía con una bifurcación de vías férreas y las frases en catalán «Naciste con la capacidad de decidir. ¿Vas a renunciar?». Bajo ellas, aparece una urna, una papeleta y la frase, también en catalán, «1 octubre referéndum de autodeterminación de Cataluña».
Otro buen número de posters, con los logos y siglas de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), también reclama la participación. Y un tercer grupo de carteles incautados, sin siglas, pide de forma expresa el voto a favor de la independencia.
El instituto armado llegó hasta los carteles gracias a un aviso de colaboración ciudadana. No obstante, la Guardia Civil ya tenía en su punto de mira a esta imprenta y firma de publicidad como posible colaboradora en la preparación de material para la consulta ya que el dueño de este grupo empresarial, el propio Marc Martí, es muy próximo a la antigua Convergència, hasta el punto de que estuvo imputado hasta el pasado marzo en el caso Palau por haber ayudado la financiación irregular de CDC. Finalmente, el fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, retiró los cargos contra él durante la vista porque el delito había prescrito.