La Guardia Civil culpa de sedición a varios de los altos cargos detenidos
Los atestados de la Guardia Civil contra varios de los detenidos en la operación judicial del miércoles, considerados el núcleo duro de la organización del «referéndum ilegal» del 1 de octubre, les atribuyen un delito de sedición a los ya conocidos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, confirmados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Según fuentes de las defensas de varios de los arrestados -siete de los catorce estaban ya en libertad provisional a última hora de la tarde de ayer- la Guardia Civil defiende ante el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que al menos el secretario general de Economía, Josep María Jové, y la directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, Natalia Garriga, han podido cometer sedición.
Este tipo penal, que se incluye entre los delitos contra el orden público, castiga a las personas que «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad y funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales». Su pena puede llegar hasta los 15 años de prisión en su variante agravada, igual que si se tratase de un homicidio.
El delito de sedición, sin embargo, sí figuraba en la denuncia del abogado Miguel Durán, a partir de la que el juez inició la investigación a finales de febrero, y la presentada posteriormente por el partido político VOX. Los acusadores procedieron por las revelaciones realizadas en una conferencia por el exsenador de Esquerra Santiago Vidal, inhabilitado durante tres años como juez por redactar un proyecto de Constitución catalana. Allí dijo que la Generalitat tenía los datos fiscales de todos los catalanes -«estaís fichados», afirmó- y que el Gobierno de Carles Puigdemont tenía una partida «camuflada» de 400 millones para organizar el referéndum.
Esa causa dirigida por el juez Ramírez Sunyer permanece secreta desde febrero y la Policía Judicial responsable de las pesquisas es la Guardia Civil. Se trata de los mismos investigadores que realizaron el miércoles los registros y las detenciones de 14 personas en relación con el referéndum.