El juez ordenó al mayor de los Mossos que ayudaran a salir a la Guardia Civil
Crece la tensión entre Interior y la Generalitat por la «pasividad» de la policía autonómica.
Uno de los cuatro vehículos de la Guardia Civil destrozados por los independentistas. QUIQUE GARCÍA
m. sáiz-pardo | madrid
El juez que ordenó el miércoles la macrooperación de la Guardia Civil contra el referéndum, Juan Antonio Ramírez Sunyer, tuvo que llamar a medianoche de ese día al ‘major’ de los Mosos, Josep Lluis Trapero, para exigirle que sacara a la comitiva judicial (incluidos guardias civiles) que estaban rodeados en la Consejería de Economía, epicentro de la operación contra el 1-O. La orden del magistrado se produjo, según desvelaron fuentes del operativo, después de que la secretaria judicial avisara a Ramírez Sunyer de que la policía autonómica había «dado largas» (nunca se negó oficialmente) a los requerimientos de la Guardia Civil de establecer un cordón de seguridad. «¡Sáqueles de ahí ya!», fue la orden del juez en una conversación telefónica en altavoz grabada por el equipo del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
De manera simultánea, la tensión en las calles de la capital catalana también se convirtió en tensión en los despachos entre el Ministerio del Interior y la Generalitat a cuenta de la «pasividad» de los Mossos d’Esquadra a los insistentes llamamientos de la Guardia Civil para que protegiera el despliegue durante los registros de la Consejería de Economía. Ante este edificio se llegaron a congregar cerca de 40.000 personas, que acabaron destrozando tres todoterrenos del instituto armado y otro vehículo oficial no rotulado.
Según informaron mandos del despliegue, desde las 12 del mediodía del miércoles la Guardia Civil reclamó a la Consejería de Interior (competente en seguridad ciudadana) un despliegue de seguridad en la zona ante la muchedumbre que se estaba congregando y que, incluso, había provocado que los agentes que se habían quedado en los vehículos los abandonaran por seguridad y se refugiaran en el interior del edificio.
La situación se fue complicando a lo largo de la tarde y de la noche sin que los Mossos establecieran ese cordón. A medianoche, la Guardia Civil, que llegó a barajar la posibilidad de una evacuación en helicóptero, lanzó un ultimátum, según responsables del operativo presentes en el interior del edificio: O la policía autonómica abría un pasillo de seguridad o la Guardia Civil mandaría a sus propios antidisturbios, los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) para rescatar a sus compañeros.
La respuesta, una vez más (de acuerdo con estas mismas fuentes), fue «tibia» ante el millar de manifestantes que todavía cercaban la Consejería de Economía, lo que hizo que hasta pasadas las siete de la mañana de ayer el último contingente de la Guardia Civil no pudiera abandonar el edificio.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró ayer que no se ha planteado sustituir a los Mossos d’Esquadra por otra fuerza de seguridad, si bien admitió que será necesario en los próximos días mejorar la coordinación.