Trapero veta a los Mossos el «uso de la fuerza» para desalojar a los ocupantes de los colegios
El mayor de la policía autonómica traslada a los agentes que sólo podrán utilizar las porras en casos extremos .

Varias personas entran en un colegio de Barcelona tras haber sido cerrado. MARTA PÉREZ
m. sáiz-pardo | madrid
La orden dejó boquiabiertos a propios (los Mossos), y a extraños, (los responsables de Interior): desalojar el domingo a las seis de la mañana a las decenas de miles de personas que tienen previsto ocupar los 2.135 colegios electorales de Cataluña sin «el uso de la fuerza». La prohibición es taxativa: «en ningún caso se usará la defensa policial extensible u otros elementos de naturaleza similar durante estas acciones». Básicamente, el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en sus instrucciones sobre el despliegue del 1-O para impedir el referéndum, reclama de sus más de 17.000 funcionarios que usen su persuasión para convencer a los congregados de que se marchen a casa sin votar. Trapero insiste en que utilicen la «mediación» como única arma.
Los cinco folios de la circular del mayor van encabezados con el título de «pautas de actuación para dar cumplimento a las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña» para intentar dejar claro que los Mossos sí que están obedeciendo las instrucciones de la juez Mercedes Armas que ordenó el cierre de todos los colegios el domingo.
La magistrada en ningún caso en su resolución vetó el uso de medidas coercitivas para desalojar los colegios, pero Trapero sí. «El uso de la fuerza, ante conductas de desobediencia pasiva, no podrá ir más allá del acompañamiento de personas hacia el exterior del centro o para permitir abrir un pasaje que deje acceder a la policía para hacer las comprobaciones y las acciones ordenadas en la interlocutoria judicial».
Esta frase -explicaron fuentes del operativo- de facto impide cualquier desalojo, ya que es más que previsible que los congregados, de forma no violenta, simplemente se nieguen a marcharse ante el requerimiento verbal de los Mossos, que estarán facultados para identificar a los contumaces, quienes igualmente podrán negarse a ello, ya que los funcionarios no han recibido orden alguna de practicar detenciones.
Casos extremos
Los policías solo podrán utilizar las porras en casos extremos. La «premisa» de no «usar la fuerza» ante actitudes de resistencia pasiva solo «decaerá» en «el caso de agresiones a terceras personas o a la propia policía», que obligue a repelerlas, «dirigiendo su acción en todo caso y únicamente sobre las personas que estén provocando las mencionadas agresiones y nunca de manera generalizada».
Josep Lluís Trapero, además, llama a sus mandos a pensarse dos veces antes de «adoptar una resolución que comporte el uso de la fuerza». En línea con el discurso de la Generalitat, el mando insiste a sus agentes en que valoren si su actuación en los colegios puede provocar «un mal mayor del que se pretende evitar, especialmente cuando entre las personas concentradas haya presencia de menores, personas mayores y otros colectivos vulnerables». Precisamente, la utilización de niños en las concentraciones en los colegios -temen las fuerzas de seguridad- va a ser una tónica generalizada mañana.
Las instrucciones a los Mossos para ‘impedir’ el referéndum -según recoge el documento repartido por todas las comisarías de Cataluña tras la reunión de Trapero con la cúpula del cuerpo- no solo instruyen a los agentes sobre los desalojos de los colegios. Las órdenes, que entraron en vigor a las 14:00 horas del jueves, también disponen que las patrullas uniformadas de agentes retiren el domingo por la mañana de los colegios las urnas y cualquier material relacionado con el referéndum. Eso sí, siempre que antes los congregados en esos centros hayan decidido deponer su actitud y marcharse ‘motu proprio’ tras haber sido requeridos verbalmente por los agentes autonómicos. Será entonces cuando los funcionarios procederán a precintar los centros que se hayan vaciado voluntariamente.