Centenares de agentes se realojan en Aragón y Valencia para evitar acosos
Huesca y Castellón serán la base del nuevo despliegue, que sigue siendo «provisional».
Llegada de los efectivos del GRS de La Virgen del Camino al acuartelamiento militar de Lérida. DL
m. sáiz-pardo | madrid
Es una medida «provisional» e, insisten desde el Gobierno, de ningún modo es un repliegue de Cataluña. En el Ministerio del Interior hablan de una reorganización para alargar cuanto «haga falta» la «disponibilidad inmediata» de 12.000 funcionarios de las fuerzas de Seguridad del Estado en esa comunidad.
Pero lo cierto es que el acoso en decenas de poblaciones, las coacciones municipales a los hosteleros y el fin de buena parte de los contratos con los establecimientos entre ayer y el fin de semana, han hecho que el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido haya puesto en marcha, no sin cierta improvisación, una suerte de plan de ‘evacuación’ de los más de 5.500 agentes (los movilizados de bases de toda España) a lugares menos hostiles fuera de Cataluña, pero de fácil acceso a puntos estratégicos de aquella comunidad.
Desde el miércoles ha comenzado una gran operación de realojo de centenares de agentes (algunas fuentes hablan de miles) en las provincias limítrofes de Cataluña. El eje central del operativo -según adelantó el periódico Heraldo y han confirmado fuentes de la seguridad del Estado- es la franja oriental de la provincia de Huesca. En localidades como Fraga, Barbastro, Monzón o Binéfar se han colgado los carteles de completo en muchos establecimientos.
Pero no solo. Zoido ya informó la noche del miércoles a los representantes de la policía y la Guardia Civil que también se están cerrando contratos en el norte de la provincia de Castellón. La operación de reubicación -apuntaron responsables de la misma- podría extenderse a puntos de Teruel y también de Zaragoza. A la capital aragonesa ya se han desplazado decenas de miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Madrid, que se vieron atrapados en los hostigamientos a los funcionarios que pernoctaban en dos hoteles de la localidad barcelonesa de Pineda de Mar.
Ayer, salieron de esos dos alojamientos los últimos agentes del contingente de hasta 400 efectivos que tenían sus bases en los dos hoteles que denunciaron, para luego desdecirse, que habían recibido coacciones del consistorio para echar a los policías. Desde Interior dejaron claro que la salida de estos funcionarios se ha debido al fin de los contratos.
Los agentes de Pineda son buena parte de los que ayer llegaron a Huesca y otros lugares. También las decenas de efectivos que estaban alojados en el hotel Gaudí de Reus -y que han sufrido continuos escraches- están siendo reubicados en estos centros hosteleros de fuera de Cataluña.
En total, Interior contrató para el operativo del 1-O 41 hoteles y hostales en las cuatro provincias catalanas. La inmensa mayoría de estos establecimientos se han negado a prorrogar las reservas que están expirando estos días. Las últimas reservas garantizadas son para el 8 de octubre.
La operación de ‘evacuación’ de los agentes al este de Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana ha sido muy bien acogida por los funcionarios, que durante días se han visto obligados a permanecer prácticamente encerrados en los hoteles catalanes por el hostigamiento de los vecinos.