La Justicia desconfía de los Mossos

La desconfianza de los jueces ante la actitud de los Mossos d' Esquadra frente al órdago secesionista se agranda. Tras los supuestos capítulos de pasividad de los agentes autonómicos en cumplir las órdenes para impedir la consulta del 1-O o abortar sus preparativos, la justicia catalana ya no se fía de la lealtad del cuerpo ante una eventual declaración de independencia. Ni siquiera para custodiar su sede en Barcelona ante posibles desórdenes.

En una decisión sin precedentes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Policía Nacional asumir la dirección de la custodia y seguridad de su edificio en el paseo de Lluís Companys de la capital catalana, hasta ahora responsabilidad exclusiva del cuerpo autonómico, que había salvaguardado sin problemas en los últimos meses las protestas multitudinarias por las citaciones por el 9-N.

Solo minutos después de que el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, hiciese pública su decisión, un contingente de funcionarios de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios) y una decena de vehículos policiales se desplegaron en la sede judicial y en sus inmediaciones. Barreiros esperó a anunciar el apartamiento de los Mossos después de comunicar los cambios al major del cuerpo catalán, Josep Lluís Trapero, y al jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña, Sebastián Trapote, a los que citó en su despacho, por separado, para explicarle los detalles de su decisión. La instrucción se conoció hoy pero fue redactada el viernes, poco después de que el propio Trapero declara como imputado por sedición ante la Audiencia Nacional por su presunta inacción durante el acoso a la Guardia Civil en los registros del 20 de septiembre en Barcelona. El jefe operativo del cuerpo también está en el epicentro de las investigaciones de una veintena de juzgado por la pasividad de sus agentes el 1-0 y de la juez del Tribunal Superior Mercedes Armas, quien ha solicitado informes sobre las actuaciones de los Mossos el día de la consulta ilegal.

Barrientos no ocultó, ni en sus órdenes ni en sus explicaciones a los dos mandos, que la movilización de la Policía Nacional para proteger la sede tiene como objetivo "preservar la integridad del Poder Judicial" ante una eventual independencia. El presidente, al menos en su escrito, no puso en duda la profesionalidad del cuerpo autonómico, que seguirá haciendo labores de seguridad, pero relacionó directamente su decisión de apostar por la Policía Nacional con la ley de transitoriedad aprobada por la cámara autonómica y anulada por el Constitucional. Recuerda Barrientos que esta norma "viene a perturbar invariablemente la integridad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de todos los magistrados que la integran, incluido su presidente, en la medida en que llevan a su desaparición para el compromiso de la función jurisdiccional que ejercen". A pesar de esta norma está suspendida por el Constitucional, el presidente "constata la determinación de los responsables políticos de la Generalitat de dar los pasos necesarios para su vigencia y aplicación efectiva".

El presidente recuerda que es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que da a los jueces la potestad para ordenar las disposiciones que estimen oportunas cuando "se consideren inquietados o perturbados en su independencia". Por ello, insiste, cree indispensable que la Policía Nacional dirija la seguridad de la sede para garantizar "el normal funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y el ordinario cumplimiento de sus deberes judiciales por todos sus integrantes". Por ese motivo, ordena que la Policía Nacional el despliegue los efectivos que considere necesarios. Un dispositivo, junto a los Mossos, "pero bajo el mando de quien dirija la unidad" del Cuerpo Nacional de Policía, especifica el presidente.

La orden de Jesús María Barrientos no fue ayer el único toque de atención desde la judicatura. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en un acto por el día de la Policía, puso en el punto de mira de sus críticas a los Mossos. Sin citarlos, Lesmes avisó de que "una policía que se limitara a obedecer designios políticos, de cualquier clase que sean, no puede ser considerada como tal, y además se convertiría en un grave riesgo para la propia democracia". "Estamos asistiendo a un desafío a la convivencia pacífica como jamás había sufrido desde que, con el acuerdo de todos, se aprobara la Constitución", les dijo a los policías.